Con el déficit en las cuentas públicas que Brasil registra desde hace años, privatizar el mayor número posible de activos es la manera encontrada por el actual gobierno para garantizar inversiones en áreas estratégicas.
Río de Janeiro.- Las licitaciones en concesiones de infraestructura y energía eléctrica ya realizadas por el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro generarán unas inversiones mínimas de 22.400 millones de reales (unos US$5.460 millones) en inversiones de la iniciativa privada en los próximos años.
En total, el gobierno brasileño realizó más de una veintena de licitaciones en su primer año, en puertos, aeropuertos, líneas de tren, carreteras y energía eléctrica. Para los especialistas, el resultado en el primer año es positivo aunque el gobierno tiene el reto ahora de mantener el ritmo de licitaciones en los próximos años, ya que las concesiones hasta ahora son apenas el 10% de todas las previstas hasta 2022.
Con el déficit en las cuentas públicas que Brasil registra desde hace años, privatizar el mayor número posible de activos es la manera encontrada por el actual gobierno para garantizar inversiones en áreas estratégicas.
Las licitaciones también suponen un alivio para las cuentas del Tesoro Nacional. Los pagos que las empresas ganadoras en este primer año hicieron en bonos sumaron 5.800 millones de reales (unos US$1.415 millones), aunque algunos contratos prevén un pago mensual a lo largo de la concesión, lo que significa que la recaudación suba hasta los 8.000 millones de reales (unos US$2.000 millones) hasta el fin de los contratos.
Hasta 2022, cuando finaliza el actual mandato, el gobierno brasileño tiene una cartera de licitaciones que puede generar más de 230.000 millones de reales (unos US$56.000 millones) en inversiones a lo largo de los contratos, sin contar las licitaciones petroleras y de gas.
"Es un número excelente y la tendencia es continuar a este ritmo. En el mundo hay mucho capital que necesita ser invertido, y Brasil acaba siendo una buena opción", explicó a Xinhua el economista Claudio Frishack, de la consultora Inter.
En su primer año, el gobierno de Jair Bolsonaro logró licitar hasta cinco aeropuertos, que representan el 9,5% del mercado doméstico y atienden unos 20 millones de pasajeros anuales, además de licitar una importante vía de tren que conecta el norte y el sur del país.
Para Frischack, Brasil sigue siendo muy atractivo para inversores de infraestructura, por el tamaño continental del país y por el exceso de demanda en el sector, además de la limitación de inversiones públicas. No obstante, considera que una parte importante de esta agenda depende del Congreso.
"El Ejecutivo no podrá resolverlo todo sólo. La agenda del Legislativo en infraestructura es muy importante", aseguró. Según él, las propuestas que contemplan inversiones en saneamiento básico, sector eléctrico, gas natural, vías de tren y carreteras deben impulsar un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
"Es posible aumentar en 0,3 puntos porcentuales del PIB el volumen de inversiones en infraestructura anualmente a partir de 2020, ampliando el esfuerzo de concesiones con la agenda del Congreso", consideró el economista. Actualmente, las inversiones en infraestructura representan apenas el 1,8% del PIB brasileño.
Otro aspecto que necesita ser discutido por el Congreso en su opinión es la creación de un mecanismo de protección contra las variaciones del cambio para las concesiones, algo que podría suponer una dolarización de estos contratos.
Para los próximos meses, el gobierno brasileño quiere acelerar los estudios sobre privatizaciones y las concesiones.
El objetivo es subastar 16.000 kilómetros de carreteras federales, con una inversión prevista de 137.000 millones de reales (unos US$33.415 millones), además de invertir 62.000 millones de reales (unos US$15.120 millones) en carreteras nuevas y en la actualización de contratos que ya están en vigor, además de licitaciones en puertos, aeropuertos y del sector eléctrico.
