Tras anular la oferta de la empresa Aisino para confeccionar documentos de identidad y viajes, el Registro Civil e Identificación readjudicó la licitación a la mejor oferta calificada por la Comisión Evaluadora durante el proceso.

Se trata de Idemia Identity & Security, grupo francés. Según lo informado por el organismo, el monto por el cual se readjudicó esta licitación tiene un costo de US$ 226 millones para los próximos 10 años, en comparación con los US$ 700 millones que le ha costado al país la provisión de este servicio durante la última década.

“Bajo este nuevo modelo de identificación, desarrollado por el Registro Civil, se contemplan la máxima calidad y requerimientos técnicos en materia de identificación, con los mayores estándares de seguridad y confidencialidad a nivel mundial, con una significativa reducción de los costos para el Estado de Chile y especialmente para la ciudadanía, el cual reemplazará al modelo actual, vigente desde el año 2012″, agrega.

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Asimismo, el Registro Civil asegura que las cédulas de identidad mantendrán su valor y los pasaportes, que hoy están entre los más caros del mundo, verán rebajado su precio a la mitad.

“El objetivo final ha sido el bien superior de los chilenos, la seguridad y confidencialidad de sus datos, las mejores condiciones económicas posibles para el país y para los chilenos, con documentos de identificación del mejor estándar mundial que provee la tecnología disponible actualmente”, sostiene.

Caso de empresa Aisino. Sobre la suspensión de la licitación adjudicada por la empresa china Aisino, el Registro Civil dijo que requirió información para verificar la consistencia de determinados antecedentes entregados en la oferta, previo a la etapa de firma del respectivo contrato.

“La respuesta del representante del consorcio chino-alemán se limitó a señalar que este requerimiento era improcedente, no dando respuesta ni explicaciones sobre los documentos que fueron individualizados por el servicio, lo que dejó a esta institución en la inevitable posición de ejercer la causal establecida en la sección 20.7 letra g) de las Bases Administrativas de Licitación”, asevera.

Este punto señala que procede dejar sin efecto la adjudicación “si al adjudicatario se le detecta información adulterada o inconsistente en los anexos o en el contenido de su oferta”.