El anuncio en octubre pasado del gobierno chileno sobre la subasta para adjudicar 400.000 toneladas de litio metálico puso nuevamente al país sudamericano en el radar de la industria global de este preciado mineral. Y es que tras la ola de millonarias inversiones y proyectos a ejecutarse en todo el mundo, especialmente en Argentina -país que ya suma más de 10 proyectos de litio con inversiones que superan los US$ 4.500 millones-, Chile se ponía nuevamente en carrera con una licitación por cinco cuotas de 80.000 toneladas de litio por un periodo de 20 años.

De esta forma, el actual segundo mayor productor de litio en el mundo buscaba asegurar su posición como uno de los principales proveedores del llamado oro blanco, ante la creciente demanda impulsada por la electromovilidad y la industria tecnológica. No obstante, para opositores del gobierno de Sebastián Piñera y el círculo cercano del presidente electo, Gabriel Boric, se trata de un proceso sorpresivo y ha sido sujeto de controversia durante los primeros días de 2022.

Incluso, ya antes de ser elegido presidente, Boric ya anticipaba la polémica el 1 de diciembre de 2021 en su cuenta de Twitter: “El litio es el mineral del futuro, usado en millones de aparatos electrónicos. Chile no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos y para esto crearemos la Empresa Nacional del Litio, generando empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto”.

Los críticos apuntan que esta subasta es apresurada y se da a solo dos meses del término del mandato presidencial de Sebastián Piñera. Incluso, un día antes de fin de año el equipo de Gabriel Boric pidió al actual gobierno posponer la adjudicación de la licitación en curso.  

“En el peor de los casos, quiero pensar que el gobierno busca promover la explotación del litio como uno de sus últimos hitos políticos, previo a dejar La Moneda; pero amarrar contratos de explotación a 30 años pasa a llevar el trabajo que debe realizar la Convención y será claramente un contrasentido con las decisiones que, soberanamente, esta debe tomar sobre el futuro de nuestros recursos naturales”, escribió el senador chileno Francisco Huenchumilla, del Partido Demócrata Cristiano, en el portal de noticias El Mostrador.

Este rechazo también se materializó en la presentación de un recurso de protección para frenar la licitación de contratos de operación de litio que impulsa el gobierno por parte de legisladores del partido opositor de centroizquierda PPD ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue rechazado.

Ante estos pronunciamientos y acciones en contra de la subasta, el mandatario chileno la justificó con estos argumentos: “Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo la tierra o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos”, dijo el presidente Piñera ante la prensa el viernes último. “Después de ver que se había estancado la producción de litio en Chile y que países como Argentina y Bolivia estaban amenazando con superar a Chile, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio”.

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Por su lado, a través de un video difundido por la cartera de Minería y Energía, el biministro Juan Carlos Jobet aducía que el Estado va a captar más del 50% del valor del recurso sin invertir. “Captará U$ 1.000 millones al año durante la producción y más de US$ 200 millones al adjudicarlo. Con estas licitación van a entrar nuevos actores o industrias donde hace 27 años son los mismos dos”, dijo.

Días atrás, el ministro Juan Carlos Jobet, se reunió con el equipo de Boric que realizó algunas demandas para la subasta como la incorporación en los contratos de una retribución a las comunidades y más fondos para inversión en I+D, entre otros. Según reportó el diario La Tercera, de acuerdo a fuentes que conocen el proceso por dentro, el gobierno está estudiando las fórmulas legales para poder incorporar en los contratos esas distintas peticiones y así hacerlas llegar al comando del Presidente electo antes del 14 de enero, fecha en que vence el plazo para la adjudicación.

No obstante, finalmente el miércoles 12 de enero -a pesar de  los reparos del equipo del presidente electo aún sin resolver- el Ministerio de Minería informó el resultado del proceso en medio de la polémica. Así, anticipándose dos días al plazo establecido, el gobierno anunció la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían a BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., empresas que presentaron una oferta de US$ 61 y US$ 60 millones, respectivamente. SQM y Albemarle, empresas que actualmente explotan litio en Chile y que también fueron postores de la subasta, quedaron fuera junto a Cosayach Caliche. 

 

El electo presidente Gabriel Boric propone crear una Empresa Nacional del Litio. Foto Reuters.

 

¿CUERDAS SEPARADAS?

Para Chris Berry, fundador y presidente de la consultora House Mountain Partner, Chile corre el riesgo de perder participación de mercado en el litio si permiten que la política se interponga, especialmente cuando la vecina Argentina viene acaparando los proyectos de inversión más atractivos de los últimos años.

“Fue notable ver en 2021 que tres de los acuerdos de litio más grandes del sector tuvieron lugar en Argentina (Zijin y Neolithium, Lithium Americas y Millennial Lithium, y Rio Tinto y Rincón). El capital fluirá donde sea bienvenido y claramente Argentina está lista para ganar participación en el mercado de litio en América del Sur”, dice Berry.

Jaime Alée, presidente de ESK Consulting, concuerda con Berry y afirma que la polémica desatada por la reciente subasta de litio no tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista económico.

“El principal riesgo es que el litio va a aumentar bastante su demanda en los próximos años. Va a pasar de 400.000 o 500.000 toneladas en 2022 hasta más de un millón de toneladas en 2025. La participación que tiene Chile actualmente es del 32% del total global y podría decaer bastante [de cambiarse las reglas de juego], considerando que en este país no se puede explotar litio cuando se quiera, sino que hay cuotas de asignación”, dice el experto chileno.

Asimismo, Alée insiste en que dar continuidad a los procesos de adjudicación es clave para que el país no pierda su atractivo y competitividad frente a otros países del mundo que también han salido a la caza de reservas de litio. 

“El peor escenario para un país que está produciendo un producto que actualmente es caro, escaso y muy demandado es postergar las decisiones de vender lo que tiene por una cuestión política, es absurdo. Por otro lado, el precio probablemente va a caer. Si bien actualmente el litio está en un precio muy alto, US$ 18.000 la tonelada, la expectativa es que ese precio se ajuste hasta US$ 8.000 la tonelada en 2025. De hecho, en ese año se estima que si bien la demanda será de un millón de toneladas, habrá más de 1,3 millones de toneladas proyectadas de producción por nuevas plantas que se van a abrir ese año en todo el mundo. En 2025 va haber una sobreoferta y en el largo plazo, cuando la demanda sea mayor, de unos 20 o 25 millones de toneladas en unos 20 a 30 años, el litio se va a estabilizar en menos de US$ 5.000 por tonelada”, dice.

Adicionalmente, los contratos de renovación de litio efectuados en 2018 establecían que las regalías que recibe el país por arrendar sus derechos como dueño del recurso, antes de impuesto a la renta, ascenderían al 40% del precio de venta cuando este supera los US$ 10.000 por tonelada (más otros beneficios). Si el precio es menor, Chile recibe proporcionalmente menos por este concepto.

No obstante, a pesar de que la explotación de litio ha traído beneficios económicos para el país, todo modelo es perfectible. “Sobre el tema del litio, el problema no es la extracción o que se extraigan minerales y sean vistos como recursos o bienes naturales, sino es la forma, el volumen y también el hecho de que no se le agrega valor”, dice Ramón Morales, coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Opsal). 

De hecho, la licitación no establece el lugar de explotación, aunque todo indicaría que sería en el salar de Atacama o el de Maricunga. De acuerdo al gobierno, las cuotas adjudicadas corresponden solo al 4% de las reservas comprobadas de Chile y tras la subasta los proyectos deberán someterse a toda la normativa ambiental vigente.

“Es necesario pensar la extracción, pero desde una perspectiva con consideraciones de la realidad local y con una perspectiva de futuro para el país. No puede ser que nuestros países latinoamericanos vivan de la exportación de commodities. Estamos en 2022 y esto no puede seguir pasando”, dice Ramón Morales. 

De otro lado, está el tema socioambiental que no ha sido abordado a cabalidad por el Estado ni por las empresas que actualmente operan en el país: SQM y Albemarle. Y es que el proceso de evaporación que se utiliza para obtener el codiciado litio de las salmueras consume grandes cantidades de agua necesarias para las comunidades aledañas y sus animales.

 

Un reto para las siguientes subastas de litio en Chile es priorizar el aspecto socioambiental. Foto Reuters.

 

ENTRE UNA EMPRESA NACIONAL DE LITIO Y EL VALOR AGREGADO

El presidente electo Gabriel Boric proponía la creación de una Empresa Nacional de Litio, no solo en su cuenta de Twitter, sino también en su programa de gobierno con el objetivo de desarrollar una nueva industria nacional, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción.

Al respecto, el ministro Juan Carlos Jobet refirió que la reciente subasta no impide la creación de una empresa nacional de litio, ya que se está licitando solo un porcentaje reducido de las reservas conocidas del país. “Para aprovechar esta oportunidad, necesitamos trabajar juntos y con una mirada de largo plazo”, dijo

“Hay todavía un 96% de reservas de litio y espacio para armar una empresa de litio. No es uno u otro, se pueden dar las cosas a la vez. Finalmente, creo que esto va a terminar siendo algo consensuado porque la verdad es que el nuevo gobierno tiene planes muy ambiciosos y le falta dinero y tiene que tomar la decisión. Esto es plata fresca, son US$ 1.000 millones que podrían llegar en menos de un año, no es poca plata”, dice Jaime Alée.

En ese sentido, según  Ramón Morales el gobierno de Gabriel Boric puede ofrecer las condiciones para crear una empresa de litio donde en su génesis se incorporen las preocupaciones socioambientales. “Hay un espacio para cambiar lo que es una empresa nacional, creo que este es el mejor momento para algo así, podría ser un ejemplo de gestión nacional de bienes naturales con un enfoque socioambiental y con conciencia climática para hacer una gestión sustentable de estos minerales. De otra manera, crear una empresa estatal solo para obtener mayor renta no tiene sentido”, dice. 

Para los especialistas consultados, el tema del valor agregado debe ser abordado con bajas expectativas. “El 100% del recurso de Chile se exporta como litio producto final, o sea carbonato o hidróxido de litio en calidad batería. Este producto va directamente a las empresas de baterías como LG, más valor no se le puede dar. De hecho, se venden casi 50 combinaciones de mezclas de carbonato y de hidróxido de litio a la medida del cliente con cierto tipo de tamaño de nódulos, pureza, etc. Para producir el material activo se necesita  níquel o cobalto e instalar una planta de material activo, que no es lo mismo que una de litio. Requeriría importar níquel y cobalto y volverlo a exportar a China donde están todas las plantas de material activo de litio, no tiene ningún sentido. Producir baterías tampoco tiene mucho sentido si es que no se tiene capacidad competitiva o una demanda local asegurada o que el Estado entregue subsidios enormes para competir contra los chinos y contra la evolución de precios de las baterías y calidad. Se puede hacer un experimento, pero eso no da una posibilidad de que sea exitoso”, dice.

Ramón Morales tampoco es ambicioso respecto al desarrollo de una industria de baterías local. “Agregar valor no quiere decir que vamos a hacer autos ni baterías, es imposible y es algo que hay que decirlo. Es imposible competir sobre todo con Asia. Los tratados de libre comercio destruyeron toda la industria o lo que quedaba de ella en Chile, así que hacer baterías en este momento no es viable. Quiénes están fabricando baterías o tienen la idea de hacerlo son Europa y Estados Unidos que tienen un con mercado interno de autos y no es comparable con Chile. Lo que tengo entendido, tras conversar con investigadores que trabajan en estos temas es que hablan de fabricar componentes para baterías”, dice.

Más allá de los vaivenes políticos que desató desde el inicio esta subasta de litio, queda la interrogante de qué está en juego para Chile en las futuras licitaciones en el siguiente gobierno. “Creo que al final prevalecerá la cabeza fría y [la próxima administración] se dará cuenta de que la industria minera (litio y cobre en particular) es demasiado importante para el futuro de la economía chilena como para arriesgarse a cualquier extralimitación gubernamental”, dice Chris Berry.

No hay que olvidar que, además de un cambio de gobierno, Chile se encuentra en pleno proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, un evento no menor que puede también marcar un antes y un después en los procesos de adjudicación de litio para que el país mantenga su competitividad, pero a la vez mejore otros aspectos que aún no se han trabajado y que hagan sustentable la extracción de este recurso.