Un enfrentamiento en la cúpula de la Secretaría de Agricultura de México sobre el alcance de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir el maíz transgénico ha generado incertidumbre sobre la industria agroalimentaria del país.

Si se interpretan de manera liberal y se implementan con éxito, las nuevas reglas podrían prohibir las importaciones de maíz transgénico para 2024, poniendo fin a una dependencia que el año pasado se situó en unas 16 millones de toneladas de maíz amarillo importado, casi todo de agricultores estadounidenses y utilizado para alimentar al sector ganadero mexicano.

Una interpretación más restrictiva de la prohibición planeada podría permitir el maíz transgénico para la alimentación animal y salvar a las exportaciones estadounidenses.

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, cree que la alimentación animal no estará cubierta por la prohibición, según un funcionario con conocimiento de la opinión del ministro. A principios de este año, Villalobos aseguró a su homólogo estadounidense, Tom Vilsack, que el maíz transgénico importado para el sustento animal estaría exento.

Sin embargo, hay indicios de que Villalobos y sus aliados moderados aún no han ganado esa batalla y pudieran incluso estarla perdiendo.

Las restricciones planeadas se describieron el 31 de diciembre en un decreto presidencial. Estaba redactado de manera ambigua, resultado de disputas tras bastidores entre facciones en Agricultura, una encabezada por el secretario y la otra por su adjunto, según tres fuentes con conocimiento del asunto.

Fuentes de la industria dicen que los grandes compradores de granos en México, como el gigante mundial Cargill, podrían verse obligados a partir del próximo año a encontrar nuevos proveedores estadounidenses a medida que los existentes comiencen a plantar y cosechar las nuevas variedades de maíz.

Seis meses después, en medio de comentarios contradictorios de los bandos contrarios, López Obrador no se ha comprometido ni con una postura ni con otra, mientras los agricultores y procesadores de alimentos siguen en ascuas.

En la esquina de los antitransgénicos, el subsecretario de Villalobos, el excongresista izquierdista Víctor Suárez, lanza la agricultura "agroecológica" y critica habitualmente los grandes agronegocios.

La influencia de su facción desembocó en el decreto, que conmocionó a la industria al dictaminar que el maíz transgénico no podía ser utilizado "en la dieta de los mexicanos" después de 2024.

Suárez ha dicho que se prohibirán los alimentos para animales y, por lo tanto, las grandes importaciones del grano transgénico. En otra muestra de la influencia de su línea de pensamiento en la administración, fuentes cercanas al regulador de salud Cofepris dijeron que su liderazgo está alineado con Suárez.

Desde finales de 2018, la agencia detuvo todas las aprobaciones para nuevas variedades de maíz transgénico buscadas por las principales empresas de semillas como la alemana Bayer y la estadounidense Corteva. Y Villalobos, un científico favorable al mercado que ha defendido durante mucho tiempo los cultivos biotecnológicos, hizo un intento infructuoso de suavizar el decreto antes de que fuera publicado, dijo otro alto funcionario de la secretaría.

Agricultura rechazó múltiples solicitudes para una entrevista con Villalobos. Suárez se negó a discutir sobre cualquier diferencia con el secretario.

Más de una docena de líderes de la industria agrícola mexicana consultados por Reuters dijeron que estaban cada vez más preocupados de que la prohibición de los transgénicos se aplicaría a la alimentación animal a pesar de las garantías de Villalobos.

El texto del decreto especifica que lo interpretarán las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, así como el consejo científico Conacyt, en tanto varios líderes de la industria creen que los funcionarios a cargo de los tres últimos despachos simpatizan con la opinión de Suárez.

Ninguna de las agencias involucradas respondió a las solicitudes de comentarios. Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) mexicano, afirmó que no hay claridad sobre lo que decidirán.

Es "totalmente erróneo" asumir que las importaciones de maíz para el ganado estarán exentas, dijo Cortina. "Precisamente lo delicado de este tema es que se aplique para el alimento al ganado", agregó.

Industria preocupada. López Obrador anunció este mes que podría buscar importaciones adicionales de maíz para controlar los crecientes precios de las tortillas hechas a base de este grano, el principal alimento básico del país, subrayando una sensibilidad generalizada para el líder de izquierda.

Pero la industria tiene razón en estar preocupada: López Obrador tiene un historial de confundir a los críticos y tomar medidas drásticas en línea con sus puntos de vista nacionalistas y escépticos respecto a las grandes compañías.

A pesar de las garantías a la industria de los moderados en su gabinete, descartó un proyecto de aeropuerto parcialmente construido valorado en US$ 13.000 millones y se ha movido para aumentar el control estatal del sector energético.

"En esencia, el secretario de Agricultura no concuerda con la instrucción presidencial", según el segundo funcionario de alto rango, quien habló bajo condición de anonimato para discutir libremente la discordia interna.

La secretaría declinó a dar comentarios sobre los choques. Un funcionario cercano a Villalobos explicó que tales diferencias políticas eran una parte normal del gobierno.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en un informe de enero, tomó nota de que el regulador de salud mexicano no aprobó nuevos permisos de alimentos transgénicos, para maíz o cualquier otro cultivo, desde que López Obrador asumió el cargo hace más de dos años y medio.

El principal grupo de presión agrícola de México, el CNA, ha señalado al menos ocho variedades recientemente desarrolladas de maíz transgénico buscadas por compañías que están pendientes.

Fuentes de la industria dicen que los grandes compradores de granos en México, como el gigante mundial Cargill, podrían verse obligados a partir del próximo año a encontrar nuevos proveedores estadounidenses a medida que los existentes comiencen a plantar y cosechar las nuevas variedades de maíz.

Las importaciones de maíz no se verán afectadas este año por la congelación regulatoria de las nuevas aprobaciones de semillas, según un ejecutivo de una importante comercializadora de granos en México.

No obstante, agregó que no está claro cómo podría verse afectado el flujo en los años siguientes, dependiendo de cómo los funcionarios aborden lo que él ha descrito como "ambigüedades" en el texto del decreto.

Las prohibiciones de los transgénicos cuentan con el apoyo de los activistas en México, el lugar donde nació el maíz moderno. Los ambientalistas han criticado durante años la contaminación de esos productos ya detectada en campos plantados con cepas nativas del grano.

La posibilidad de una prohibición amplia de estas tecnologías alimentarias, combinada con una política más completa para prohibir el glifosato, un herbicida de uso generalizado, ha sido alabada por grupos ambientalistas como Greenpeace.

Con López Obrador, la toma de decisiones pasa por el presidente, y los reguladores bajo su control tienen una amplia autoridad para limitar las compras en el exterior.

No hay una fecha límite para que el presidente tome una decisión más allá de la de 2024 para la prohibición especificada en el decreto, y tampoco está claro cuándo lo hará.

Hasta que él decida, el futuro seguirá siendo incierto para el sector ganadero que moviliza unos 12,000 millones de dólares en México y que durante años ha preferido el maíz amarillo importado de Estados Unidos debido a importantes ventajas logísticas y de costos.

Hace dos años, la senadora Jesusa Rodríguez, aliada de Suárez del partido gobernante Morena, propuso la prohibición de las variedades híbridas de maíz o no autóctonas.

El mandatario finalmente se opuso a la idea por temor a que los precios del maíz se dispararan, según una fuente que asistió a una reunión fundamental con López Obrador.

La industria espera que el mismo argumento prevalezca en última instancia, incluso cuando partidarios como Rodríguez continúan presionando para que se tomen medidas que permitan pasar la página de los agroquímicos y los cultivos modificados genéticamente en laboratorios a fin de abrazar un futuro agrícola más sostenible.

"No debe haber nada que lo impida", dijo la legisladora sobre el decreto.