Bogotá. El gobierno colombiano tomó la decisión de declarar la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. a cargo de los Solarte, Corficolombiana y Odebrecht, y en consecuencia convoca al proceso de liquidación judicial a la compañía en instancia de la Superintendencia de Sociedades.

Dice el informe de la entidad de control que la decisión fue tomada con el propósito de proteger a terceros de buena fe, brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores.

El anuncio fue hecho por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que estuvo acompañada del viceministro Manuel Felipe Gutiérrez, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Supertitendencia de Transporte y la Policía de Tránsito.

La Ministra de Transporte indicó que en este proceso de liquidación del contrato se recibieron obras por $1,9 billones (US$598 millones), mientras que por lo menos $1,2 billones (US$378 millones) que se le adeudan a los bancos serán cancelados por la Nación a cargo del Presupuesto General.

Estos últimos recursos se le adeuda a siete entidades financieras del país: Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas. El vicerministro anunció que la Nación emitirá un billón de pesos en TES (papeles oficiales) para pagar esa deuda.

La Superintendencia de Transporte explicó que la decisión de declarar la disolución del contrato se fundamentó en la imposibilidad de la sociedad para continuar desarrollando su empresa social, la cual está ligada a la suscripción y ejecución del contrato de concesión número 001 de 2015.

La Superintendencia de Transporte explicó que la decisión de declarar la disolución del contrato se fundamentó en la imposibilidad de la sociedad para continuar desarrollando su empresa social, la cual está ligada a la suscripción y ejecución del contrato de concesión número 001 de 2015. Además por la existencia de presupuestos financieros, jurídicos y administrativos que reportan una situación crítica de la compañía.

Cuando se firmó el contrato en 2010 a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, conformada por la Constructora Norberto Odebrecht de Brasil, Corficolombiana y el Grupo Solarte, la obra contemplaba la rehabilitación y expansión de la vía principal de conexión entre el interior del país y la Costa Caribe e incluye actividades sobre 993 kilómetros de carretera existente y un nuevo tramo a ser construido de aproximadamente 78 kilómetros.

En vía existente inicia aproximadamente a 70 kilómetros al noroeste de Bogotá y concluye a 21 kilómetros al sur del puerto de Santa Marta enlazando con una carretera concesionada.

El proyecto tocaba a 39 municipios en ocho departamentos, los cuales representaban el 23,35 del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y recibirá tráfico de grandes zonas urbanas y productivas del país como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga a través de vías de interconexión.

La ministra de Transporte explicó que se está negociando con los bancos que de llegarse a un acuerdo, el Estado ese staría ahorrando una cifra cercana a los $230.000 millones (US$72,4 millones) ya que los bancos han expresado su intención de renunciar a los intereses que se han causado hasta la fecha.

La decisión de terminar la relación contractual con las firmas contratistas que incumplieron sus obligaciones con el Estado colombiano "tiene como propósitos principales brindar seguridad jurídica en el mercado para promover la estabilidad y crecimiento económico, obtener el máximo valor posible de los bienes del deudor a favor de los terceros de buena fe, lograr el tratamiento de manera equitativa a los acreedores".

Aclara el gobierno que de presentarse el acuerdo ante el Tribunal deberá contar con previo concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que finalmente sea aprobado por los árbitros del mencionado tribunal, quienes deberán evaluar, entre otras condiciones, si la conciliación garantiza la protección al patrimonio público.

La multinacional brasileña, envuelta en un escándalo mundial por haber entregado millonarios sobornos en varios países -incluido Colombia- a cambio de contratos de infraestructura, tenía una participación de 65% en la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, del grupo Solarte.