El tercer tramo de la Ruta del Sol tiene un alcance de 940 km, integrando los corredores San Roque – Bosconia – Ciénaga y Valledupar – Bosconia – Carmen de Bolívar, donde se va a construir una segunda calzada de 476 km y se hará mejoramiento de 464 km.
Bogotá. El proyecto Ruta del Sol III, suspendido desde 2017 y que compromete recursos por $3,45 billones (US$1.010 millones) fue reactivado este viernes. Según la Contraloría, es uno de los acuerdos que quedó plasmado en el acta de compromisos suscrito por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Yuma Concesionaria S.A. (contratista) y la Interventoría Consorcio El Sol en una audiencia en Valledupar.
El tercer tramo de la Ruta del Sol tiene un alcance de 940 km, integrando los corredores San Roque – Bosconia – Ciénaga y Valledupar – Bosconia – Carmen de Bolívar, donde se va a construir una segunda calzada de 476 km y se hará mejoramiento de 464 km.
El próximo 20 de febrero, la ANI suscribirá el otrosí que permitirá reactivar el proyecto, que lleva un avance de 157 km de segunda calzada no continuos, es decir, un 32%.
“Hemos logrado viabilizar el proyecto y estamos muy contentos. Nos toca estar encima del concesionario para que cumpla el contrato y las nuevas obligaciones que se han pactado”, indicó el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez.
Según Gutiérrez, el otrosí estará suscrito en unas dos semanas para comenzar a ejecutar la obra. “Es muy importante construir el pedazo entre Santa Marta y Bosconia, que ha tenido intervención mínima. Tenemos que empezar a ejecutar la doble calzada y concluir las demás dobles calzadas que están a lo largo y ancho del corredor”, añadió.
En medio del anuncio de la ANI, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa un pleito en contra de este tramo del megaproyecto. Se trata de una acción popular en la cual se pide que la concesión de la obra, que fue adjudicada a Yuma en enero de 2010 por $2,1 billones (US$614 millones), sea suspendida definitivamente ante los evidentes incumplimientos de la obra y un episodio de corrupción en medio de su construcción.
Este último punto se refiere a la condena en mayo de 2019 contra Roberto Prieto, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, quien fue condenado a cinco años de prisión por recibir un pago de $650 millones (US$190.000) para incidir ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en favor de Yuma, integrada en su mayoría por la empresa italiana Impregilo.
La Fiscalía General señaló en enero de 2018 que este empresario recibió la coima con el fin de lograr que la adición del contrato de la construcción del puente de Plato (Magdalena) quedara en manos de esa concesionaria. El mismo hombre de la entraña del santismo admitió haber recibido el dinero y se comprometió a devolverlo.
