Buena parte de las jugadas estratégicas de empresas como Ecopetrol o entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos buscan evitar un regreso a este escenario, por el cual Colombia pasó entre 1976 y 1985.

Bogotá.- A medida que las reservas de petróleo y gas se acercan a límites peligrosos, comienzan las preocupaciones sobre las fuentes que proveerán los recursos que podría llevarse la pérdida de la autosuficiencia petrolera, en caso extremo de que llegue a suceder.

Las alertas están encendidas y la preocupación se hace mayúscula al recordar los años 1976 y 1985, cuando se tuvo que importar petróleo. Cálculos ligeros estiman que las transferencias del sector petrolero al Gobierno pueden superar fácilmente los $30 billones anuales.

Un estudio de Fedesarrollo para la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) muestra que “la mayor importancia del sector petrolero en Colombia, aparte de su contribución a la balanza de pagos y la generación de divisas, es su aporte a las finanzas fiscales”. Las transferencias que hace la actividad petrolera al Estado se manifiestan en el pago del impuesto de renta, aranceles e IVA. Solo Ecopetrol, que tiene una participación estatal mayoritaria, “genera dividendos para el Gobierno Nacional, mientras que las empresas privadas pagan derechos económicos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por la adjudicación de sus contratos”.

Ecopetrol aportó $23 billones al Estado colombiano entre dividendos, impuestos y regalías durante 2018. Este monto podría ser equivalente a cuatro reformas tributarias, mal contadas. Según un informe de la petrolera, en la última década las transferencias han superado los $220 billones.

Además, como los hidrocarburos son un recurso natural no renovable, “deben recompensar a la nación a través de las regalías a los municipios y departamentos productores”. “La industria petrolera contribuye a los gobiernos locales mediante impuestos locales, como el impuesto predial o el de industria y comercio (ICA)”, precisa el informe. El presupuesto de regalías para 2019-2020 es de $24 billones.

Según Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, los ingresos fiscales del Gobierno Nacional asociados a la extracción de crudo en 2019 llegaron a ser 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y como porcentaje de los ingresos totales ascendieron a 8,6 %. “No contar con los ingresos provenientes del sector minero-energético implicaría generar nuevas fuentes de financiamiento, o reducciones en el gasto, para el Gobierno Nacional por cerca de $15 billones con el fin de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país”, dijo el funcionario.

El sector energético representa el 12 % de los ingresos del Gobierno: es la principal fuente de recursos para financiar programas sociales, especialmente de educación y salud. El 38 % de la inversión extranjera directa en Colombia es hidrocarburos, destaca Ecopetrol.

Londoño advierte que sin petróleo no solo se verían afectadas las finanzas de la nación, sino también las de los territorios. Sostiene que entre 2012 y julio de 2019, el Sistema General de Regalías ha financiado cerca de 16.000 proyectos por un valor de $41,5 billones. “No contar con los recursos provenientes de regalías significaría una reducción considerable de los recursos de inversión para las regiones”, dice.

La consecuencia directa de importar petróleo es sacrificar recursos para programas de inversión social o aumentar los impuestos para financiar los principales proyectos de educación, salud e infraestructura, dicen analistas.

“El descenso de la autosuficiencia petrolera tendría implicaciones serias. La industria petrolera tiene una significativa participación en las exportaciones colombianas y la inversión extranjera con la retribución de recursos”, argumenta Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien reconoce que, en materia fiscal, la industria entregará recursos equivalentes al 1,2 % del PIB en los próximos años. Según el dirigente gremial, este sector ha aportado $42 billones en materia de regalías a las regiones desde 2012.

De acuerdo con cálculos de Ecopetrol, el petróleo y sus derivados representan el 40 % de las exportaciones de Colombia; hasta noviembre del año pasado ascendieron a US$14.537. La empresa advierte que los efectos directos de no contar con estas exportaciones se reflejarían en un mayor déficit en la balanza comercial, con resultados directos sobre la tasa de cambio (dólar). “Sin los recursos generados por el petróleo, algunos analistas consideran que el dólar podría estar por encima de los $5.000”, asegura un vocero de la petrolera.

Para la Contraloría General, una posible ausencia de los recursos externos obtenidos por los hidrocarburos debilitaría la situación externa del país. “Lo que realmente preocupa es que no hay fuentes sustitutivas de los ingresos provenientes de la renta petrolera, excepto por la reforma tributaria, pero las obligaciones externas continuarían creciendo, no solo por las mayores necesidades de importación de crudo y derivados, sino del financiamiento requerido para el déficit en cuenta corriente”, alerta el ente de control.

Según Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, si tuviéramos que importar petróleo para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, que tienen una capacidad cercana a los 380.000 barriles por día, y así suministrar los combustibles que demanda el país, el costo sería de unos $30 billones anuales, teniendo en cuenta un precio del petróleo Brent de US$65 por barril. “La seguridad energética es clave para el bienestar de los colombianos y para cerrar muchas de las brechas sociales”, dice el ejecutivo.

Los recursos provenientes de la minería y los hidrocarburos han sido soporte de las finanzas públicas, la economía, la balanza comercial y cambiaria, la sostenibilidad macroeconómica y la competitividad energética del país, señala Mac Master, de la Andi.

Además, el sector de hidrocarburos es intensivo en capital y, por las características de la actividad productiva, es difícil sustituir este dinero por trabajo, según el informe de Fedesarrollo citado por la UPME.

Desde la perforación, pasando por la extracción, hasta la refinación, esta actividad requiere de maquinaria de gran envergadura y costo, mientras necesita una inversión relativamente pequeña en fuerza laboral. Por ello, se considera que la industria petrolera “no es una fuente importante de empleo en la economía nacional, sobre todo dada su alta participación en la formación bruta de capital y en el PIB”, destaca el documento del centro de pensamiento.

Mac Master reafirma que, en términos económicos, la actividad petrolera tiene impacto sobre otros sectores de la industria a través de encadenamientos como la metalmecánica, minería, logística y cemento.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recuerda que la industria petrolera aportó aproximadamente el 10 % de los ingresos del Gobierno Nacional en el período 2011-2018, con un pico de 20 % en 2013 y un mínimo de 1 % en 2016, luego del gran choque en el precio del petróleo ocurrido en la segunda mitad de 2014.

Advierte que “la pérdida de autosuficiencia energética entonces implicaría un esfuerzo importante para buscar fuentes alternativas de ingresos, en un contexto en el cual Colombia ya recauda menos impuestos que sus pares, con ingresos de 18,8 % para el Gobierno general, frente al promedio de 22 % observado en América Latina”.

Entre 1976 y 1985, el país perdió la autosuficiencia energética y en ese momento tuvo que importar combustibles por una suma cercana a los US$4.724 millones. Esta cifra, sumada a la adquisición de crudos nacionales, se elevó a US$6.409 millones.

Pero, a pesar de sus enormes beneficios fiscales y su importante peso en la economía nacional, la dependencia al petróleo también ha terminado por lesionar el desarrollo de otros renglones de la economía. De ahí que hoy se hable más seriamente de asuntos como transición energética y transformaciones productivas.

Como lo dice Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y columnista de este diario, uno de los retos pendientes de la economía colombiana es “planear una transición prudente del modelo minero-energético a uno con sectores intensivos en empleo, amigables con el medio ambiente y que generen valor agregado a los productos”.