Lima. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) del Perú, Manuel Fumagalli, rechazó el paro indefinido en Arequipa que están afectando tanto el proceso de exportación de minerales, como el desarrollo de otras actividades productivas.

“Ya van más de 20 días de continuos bloqueos de carreteras, las vías del ferrocarril y el puerto de Matarani, que están afectando el proceso de exportación de minerales y el desarrollo de muchas otras actividades productivas en Arequipa, ocasionando millonarias pérdidas para la región y para todo el país” manifestó.

Pobladores de Islay protestan desde mediados de julio con bloqueos parciales de carreteras contra del proyecto de cobre Tía María de Southern Copper, que proyecta una inversión de US$1.400 millones.

A través de un comunicado, el gremio minero energético lamentó que "por posiciones intransigentes y violentas de grupos radicales", hasta el momento no se ha podido reestablecer el orden público, pese al esfuerzo desplegado por las fuerzas del orden.

Pobladores de Islay protestan desde mediados de julio con bloqueos parciales de carreteras contra del proyecto de cobre Tía María de Southern Copper, que proyecta una inversión de US$1.400 millones.

"Más de US$390 millones en pérdidas para las operaciones mineras que se encuentran ubicadas en el corredor minero del sur y el país, viene ocasionando las violentas protestas contra el proyecto Tía María en la región Arequipa, lo que se traduce en menos ingresos por impuestos, canon y regalías", informó Fumagalli.

Denunció que estas acciones de grupos opositores a la inversión privada, han impactado negativamente en las operaciones de cuatro importantes minas que se ubican en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, las cuales se han visto imposibilitadas de trasladar su producción al puerto de Matarani, poniendo en serio peligro al 49% de la producción cuprífera nacional que se ubica en la zona sur del país.

Este conflicto en Arequipa, explicó el dirigente gremial, está deteriorando toda la cadena productiva minera y pone en riesgo más de 12.000 puestos de trabajo de peruanos.

“Invocamos al Gobierno a no claudicar en sus funciones ante las presiones de estos grupos radicales y tomar las medidas que le faculta la Constitución para restablecer el orden interno y garantizar el derecho de todos los peruanos al libre tránsito y a trabajar por el desarrollo de sus familias y del país”, puntualizó el presidente del gremio minero energético.