Siguen las conversaciones entre el sector privado y el gobierno mexicano para establecer un compromiso sobre el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretender reforzar el control estatal en el sector eléctrico. Proyecto que puso en alerta a aliados diplomáticos de México.
Tímidas señales de progreso están surgiendo en las conversaciones entre el sector privado y el gobierno de México para forjar un compromiso sobre el controvertido plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforzar el control estatal en el sector eléctrico.
El deseo de México de evitar algún conflicto con Estados Unidos en el pacto comercial de Norteamérica ha aumentado la presión para llegar a un acuerdo y el sector privado ha señalado recientemente como razonables algunas de las preocupaciones del Gobierno sobre el mercado eléctrico.
Al mismo tiempo, los líderes empresariales se han mostrado animados por la participación de uno de los ayudantes de mayor confianza de López Obrador en el proceso, lo que podría ayudar a abrir un camino hacia el consenso.
"Estoy viendo un cambio hacia la pragmatización, a tomar decisiones prácticas", dijo Enoch Castellanos, jefe de la asociación de industriales Canacintra.
Sin embargo, Castellanos y otras personas familiarizadas con las discusiones sobre la reforma eléctrica dicen que las dos partes siguen estando muy lejos de llegar a un acuerdo. La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios.
López Obrador, un nacionalista de izquierda, argumenta que es imperativo cambiar la ley porque los gobiernos anteriores sesgaron el mercado de la electricidad a favor del capital privado, debilitando a la empresa estatal de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dejando a la población a merced de los intereses empresariales.
Para evitar que la CFE se vea perjudicada por el exceso de capacidad, los grupos empresariales han indicado que están dispuestos a discutir la modificación de las disposiciones que rigen los permisos de autoabasto, que permiten a las empresas generar su propia energía.
También han indicado que están dispuestos a aumentar las tarifas de transmisión que pagan los proveedores privados de energía renovable para aliviar la presión sobre la CFE.
Tales cambios podrían dar al presidente victorias políticas en su reorganización del mercado, incluso mientras los negociadores buscan otros cambios para evitar incumplir el acuerdo comercial entre Canadá, Estados y México (TMEC), de acuerdo a personas cercanas a las conversaciones.
Grupos de "lobby" empresarial se sienten alentados por el papel que, según dicen, ha asumido en las conversaciones tras bambalinas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, un estrecho aliado del presidente.
"Es un hombre con una gran capacidad política y yo creo que sí es una buena señal", dijo Ildefonso Guajardo, un legislador de la oposición quien fue uno de los arquitectos del TMEC cuando se desempeñó como secretario de Economía de México en el gobierno que precedió al de López Obrador.
Representantes del sector empresarial consideran que es más probable que Adán Augusto ayude a lograr un acuerdo sobre el proyecto de ley que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, o el director de la CFE, Manuel Bartlett, quienes han defendido firmemente el proyecto original.
La Secretaría de Gobernación no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hizo la de Energía ni la CFE.
Presión de Estados Unidos
La propuesta del presidente de dar prioridad a la CFE sobre las empresas privadas ha alarmado a aliados diplomáticos de México.
El enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, dijo la semana pasada que había pedido a López Obrador que asegurara que el proyecto de ley no incumpla el TMEC, lo que llevó al presidente a insistir en que el pacto no se vería afectado.
"No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos", dijo López Obrador.
Funcionarios dicen que el presidente se mantiene firme en que el pacto comercial no será infringido.
Sin embargo, para evitarlo, la legislación tendrá que eliminar varias disposiciones que restringen derechos de inversores, dijo Kenneth Smith, uno de los funcionarios mexicanos que negociaron el TMEC entre 2017 y 2018 en la administración anterior.
De no ser así, la reforma, en caso de aprobarse tal como está, podría desencadenar demandas por parte de inversionistas y reclamos de compensaciones bajo paneles internacionales de disputas, cargando a México con fuertes indemnizaciones, dijo Smith.
"México está en una condición muy endeble si entra en una solución de controversias de esta naturaleza", dijo.
A pesar de los indicios de un incipiente terreno común, no ha habido ninguna indicación firme de los compromisos que podría asumir el Gobierno y líderes empresariales dicen que creen que el presidente está decidido a aprobar un cambio constitucional.
Para ello, se necesita una mayoría de dos tercios en el Congreso y López Obrador ha realizado propuestas públicas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el de Guajardo, para conseguir los votos. El partido del presidente, Morena, y sus principales aliados están muy lejos de la mayoría de dos tercios en el Congreso.
Pero fue el PRI quien empujó la liberalización del sector eléctrico en 2013. Guajardo dijo que no creía que el partido apoye un proyecto de ley que obstaculiza la competitividad industrial de México al desalentar la inversión en energía limpia.
Ese, dijo Guajardo, era el problema de la propuesta del presidente. Se mostró escéptico de que un proyecto de ley de energía modificado se someta a votación antes de que el actual período de sesiones del Congreso concluya a finales de abril o, incluso, antes de elecciones de nuevos gobernadores en junio.
