Por Guillermo Prömmel, La Paz. Nuevamente un escándalo afecta a YPFB; esta vez, un caso tan evidente que el Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ordenó anular una contratación con una compañía de seguros realizada de forma directa.

La anulación de la contratación deja todavía más expuesto que este fue un proceso con muchas falencias administrativas, sorprendentes por ser tan evidentes.

El Presidente de YPFB, Herland Soliz, en una entrevista concedida a un medio audiovisual, ofrece dos argumentos que demostrarían su transparencia, los cuales son:

1) Que el ofertante ganador de la licitación presentó un precio más bajo. 
2) Que los otros proponentes tenían deudas con el Estado.

Estas afirmaciones no se condicen con la realidad, ya que el proceso tuvo características claramente irregulares.

En primer lugar, la licitación debió haberse presentado el 1 de abril, pero fue postergada en repetidas oportunidades, siendo la última fecha anunciada de presentación el día 12 de mayo. Sin embargo, el 8 de abril el proceso de licitación fue cancelado, siendo esta cancelación una clave para las sospechas que se han levantado de que en todo esto se esconde posiblemente un caso de corrupción.

Y esto porque, en segundo lugar, el 13 de abril YPFB adjudicó a la aseguradora Credinform, de forma sorpresiva y sin licitación, el contrato de provisión de servicios por 49 millones de bolivianos (unos US$7 millones, aproximadamente).

El primer argumento esgrimido por el presidente de YPFB se desmorona por sí mismo, ya que habiéndose cancelado la licitación, es obvio que ninguna empresa pudo haber presentado su propuesta, y por ende, la aceptada no puede probar ser la de menor precio.

El segundo argumento es todavía más arriesgado, ya que las empresas que se presentan a las licitaciones con el Estado deben entregar, como parte de la documentación que acompaña la propuesta, un certificado de no adeudos con el Estado. En el caso de las aseguradoras, este documento se llama Certificado Único y es emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). 

Las empresas, supuestamente deudoras, presentaron estos documentos en otras licitaciones, como pudo comprobar nuestro equipo editorial, y contaban con ese documento vigente (que certificaba que no tenían adeudos al Estado) para la licitación del 1 de abril.

El Presidente de YPFB, Herland Soliz, no hace más que generar más contradicciones con su explicación y argumentación, que le serán muy difíciles de sostener, toda vez que es fácil demostrar si el proceso de licitación se realizó de forma transparente y regular. 

Para ello, YPFB podría presentar las propuestas de las empresas competidoras, con los precios supuestamente más altos (de las que no ganaron) como pruebas de descargo, documentos que, de acuerdo a nuestras fuentes, nunca fueron presentados ya que la licitación no se llevó a cabo.

En todo caso, lo que está por verse en los próximos días es si el Gobierno decide defender un acto administrativo con tantas irregularidades y/o tomar acciones inmediatas que garanticen que los involucrados enfrenten su responsabilidad.