“No es un Plan Marshall, lo que existe es un Plan Brasil”, decía el jefe de Gabinete brasileño Walter Braga Netto (hoy minstro de Defensa) en la presentación del ambicioso plan de recuperación de Jair Bolsonado en su anuncio en abril de 2020, un programa que planteaba inversiones en proyectos de infraestructura por US$ 5.500 millones y más de US$ 40.000 millones en alianzas con el sector privado hasta 2022.

Más allá de las suspicacias y dudas que generó que fuera el general del ejército y no el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien lo diera a conocer, la materialización de este plan salvavidas parece no estar del todo garantizada y surgen dudas sobre si podrá Bolsonaro –y su ministerio de Infraestructura– cumplir con sus previsiones.

La agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings advirtió recientemente de que Brasil enfrenta riesgos para mantener su ambicioso programa de concesiones de infraestructura. Concretamente, en un artículo recientemente publicado, la agencia asegura que en su próxima ronda de subastas –que incluye 22 aeropuertos regionales, cinco terminales portuarias, una autopista y un ferrocarril totalmente nuevo– enfrenta desafíos en el corto plazo, empezando por el escenario que enfrenta hoy el país en cuanto a la pandemia (la peor fase desde su inicio) y el déficit fiscal récord (de 13,70% en 2020) y el aumento significativo de la deuda pública que generaron las importantes medidas de apoyo del gobierno de Bolsonaro.

“El Congreso, recientemente, aprobó una reforma fiscal limitada. Sin embargo, la persistente incertidumbre y altos requisitos de endeudamiento del gobierno pueden pesar sobre la confianza de los inversionistas a corto plazo”, dice el artículo.

Además, S&P menciona que si bien la agenda regulatoria ha avanzado –con la aprobación de regulaciones sobre saneamiento y gas natural que fomentarían la inversión privada– están pendientes las reformas en los sectores de cabotaje marítimo y ferrocarriles. Algo que podría complicarse si la pandemia y una peor situación económica intensifican las tensiones políticas a nivel local, lo cual dificultaría la aprobación de nuevas reformas por parte del Congreso.

Por otro lado, la agencia de calificación asegura ver un afán limitado entre los operadores internacionales para participar en las subastas debido a factores como su menor apetito por expandir su diversificación geográfica a Brasil, que evalúan en grado especulativo o la capacidad de los inversionistas para absorber mayores compromisos de inversión en medio de una lenta recuperación, especialmente entre las compañías europeas.