La Contraloría de Colombia informó que se trata de 13 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Antioquia. EPM aclaró que no es parte en este proceso "y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas".
Bogotá. La Contraloría General de Colombia ordenó el embargo de cuentas bancarias y bienes de Integral S. A., firma diseñadora del proyecto Hidroituango, como medida cautelar en el marco del proceso de responsabilidad fiscal que lleva a cabo el ente de control desde el año pasado.
El embargo es por hasta $4,23 billones (US$ 1.161 millones). Se trata de 13 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Antioquia, precisó El Espectador.
Las medidas cautelares decretadas, según explica el auto de la Contraloría, “tendrán vigencia por el término que dure el proceso de responsabilidad fiscal UCC-PRF-014-2019. De proferirse fallo con responsabilidad fiscal, las mismas se extenderán hasta la culminación del proceso de cobro coactivo”.
Según el auto, contra estas medidas proceden los recursos de reposición y apelación.
Empresas Públicas de Medellín, responsable de Hidroituango, expresó en un comunicado que no es parte en tales procesos "y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas". Añadió que EPM no está en capacidad de informar si estas medidas "tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto".
Hidroituango, una obra valorada inicialmente en 11,4 billones de pesos (US$3.023 millones), debería comenzar a generar energía con sus dos primeras unidades, cada una de 300 megavatios (MW) de capacidad, a partir de 2022, según estimaciones de EPM. La compañía espera que las seis unidades de generación restantes ingresen de manera paulatina, para completar 2.400 MW de capacidad instalada en 2025.
EPM, bajo la iniciativa del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, inició el año pasado una demanda por $9,9 billones (US$2.696 millones) contra los constructores, diseñadores, auditores y aseguradores de Hidroituango.
La pretensión económica, la más alta de la historia por parte de una entidad pública, es consecuencia de la emergencia desatada en el proyecto en abril de 2018, contingencia que puso en riesgo la estabilidad del proyecto, representó costos multimillonarios, un lucro cesante y un retraso en la puesta en marcha del proyecto (que estaba prevista para noviembre de 2018 inicialmente).
