“Bolivia hacia el Océano Atlántico”, así se denomina la lianza estratégica público-privada que rubricaron este lunes el Gobierno y los empresarios de Santa Cruz y del país para materializar el nuevo Puerto Busch en el municipio de Puerto Suárez e impulsar el vínculo con ese océano ante las trabas “impuestas” por Chile al comercio exterior boliviano.

Los ministros de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, rubricaron el acuerdo con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, y el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barbery, quien destacó que el "anhelo" data de 1904, cuando se selló la pérdida del Litoral con la firma del Tratado de ese año.

“Será otra forma de trabajar conjuntamente para bien de todos los bolivianos. También nos obliga algunas restricciones de Chile en temas de importación y exportación y por qué no, nosotros abrir nuestros puertos para exportar e importar con soberanía, con dignidad y no estar sometidos a políticas de algunos países vecinos, no estamos lejos de eso”, dijo Morales.

Luego añadió: “El Estado boliviano, el Gobierno va a cumplir con estos compromisos”.

Está abierto a la participación de los alcaldes de la región y tiene un equipo técnico que elaborará el proyecto. Una vez concluido el estudio de factibilidad y sea aprobado por las instancias correspondientes, deberá ser presentado en un plazo de seis meses para, después, comenzar las obras en el plazo de un año, previa consolidación del presupuesto.

Antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, enumeró los pormenores del acta de compromiso que tiene una vigencia de cinco años con posibilidad de ampliación.

Una de las obligaciones que asume el Ejecutivo y que está consignada en el documento es “garantizar la realización del estudio de diseño técnico de preinversión” del ancladero “en coordinación con el sector privado”.

Asimismo, se comprometió a realizar las inversiones que garanticen la construcción de los accesos carreteros y/o ferroviarios hasta la zona donde se construirá Puerto Busch sobre la base del estudio de factibilidad”, que incluye la provisión de los servicios básicos y la generación de normativas para garantizar su gobernanza.

Los privados, por su lado, acordaron conformar un consorcio empresarial con poder de decisión y representación nacional para constituir la contraparte privada en la alianza estratégica con el Estado para la construcción y administración del puerto y asegurar, en ese marco, el flujo de carga.

Las tareas comenzaron en octubre de este año, después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya fallara en contra de la demanda marítima boliviana contra Chile por una negociación para un acceso soberano al océano Pacífico.

Proyecto y plazos. Un equipo técnico jurídico revisó varias propuestas para el desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná y Puerto Busch, que se ubica en su cabecera.

En ese marco, se determinó crear el Consejo Estratégico para el Desarrollo de la Hidrovía que está integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno, de Defensa, de Economía, de Obras Públicas, de Planificación para el Desarrollo, y de Desarrolla Rural y Tierras, además de las instancias de representación empresarial nacional y cruceña.

Está abierto a la participación de los alcaldes de la región y tiene un equipo técnico que elaborará el proyecto. Una vez concluido el estudio de factibilidad y sea aprobado por las instancias correspondientes, deberá ser presentado en un plazo de seis meses para, después, comenzar las obras en el plazo de un año, previa consolidación del presupuesto.

Otro compromiso es gestionar la operación de las navieras en el puerto y definir la modalidad de sociedad y gestión portuaria para la participación, según el modelo de negocio, del sector público, privado o de carácter mixto.

El gobierno “asegura la implementación del proyecto hasta su culminación como una política de Estado”, en contrapartida, “los empresarios se comprometen a redireccionar la carga actual del comercio exterior que sale por otros puertos hacia Puerto Busch para garantizar la sostenibilidad”.

También se trazaron la meta de “trabajar de manera conjunta hacia la viabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná, así como otros espacios portuarios cedidos a Bolivia, específicamente el puerto Villeta en Paraguay, Rosario en Argentina y Nueva Palmira en Uruguay”.