La propuesta del gobierno de Jair Bolsonaro, prevé capitalizar a la compañía mediante la emisión de nuevas acciones, en una operación que diluiría la participación del gobierno. El presidente del Senado ha dicho que no lo aprobarían tal y como está planteado.
Río de Janeiro. El gobierno de Brasil se pondrá a disposición del Senado para aclarar preguntas sobre el modelo actual propuesto para la privatización de Eletrobras tan pronto como el Congreso regrese del receso, dijo el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con la propuesta de privatización al Congreso a principios de noviembre, pero aún no ha comenzado a procesarse en la Cámara, donde espera el despacho de su presidente, Rodrigo Maia.
En diciembre, el presidente del Senado, David Alcolumbre declaró que los bancos de las Regiones Norte y Nordeste se habían opuesto firmemente a la iniciativa en su forma actual y declaró que el asunto no sería aprobado en la Cámara si el gobierno no construía una nueva propuesta.
“Nuestra estrategia es continuar aclarando, ya hemos realizado este intenso trabajo con la mayoría de los líderes de la Cámara de Diputados, también tuve una reunión con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, a fines del año pasado, tratando el tema de Eletrobras y poniéndo a su disposición el ministerio, el gobierno en general", dijo Albuquerque.
A fines de diciembre, Reuters informó en base a fuentes cercanas al tema, que el gobierno todavía no estaba trabajando en un plan B de privatización, incluso después de las declaraciones de Alcolumbre.
Este viernes, Albuquerque enfatizó que el gobierno estará a disposición del Senado para proporcionar las aclaraciones necesarias "tan pronto como regrese el Congreso" del receso.
La propuesta del gobierno de Jair Bolsonaro, prevé capitalizar a la compañía mediante la emisión de nuevas acciones, en una operación que diluiría la participación del gobierno en la compañía a una posición minoritaria.
Eletrobras luego usaría los fondos recaudados de la transacción, estimados en alrededor de R$16.000 millones (unos US$3.900 millones), para pagar al Tesoro una bonificación a cambio de firmar nuevos contratos de concesión para sus plantas hidroeléctricas, con plazos más largos y condiciones más favorables.
