El paquete total de concesiones tiene un costo estimado de 48 billones de pesos (US$ 2.100 millones) y en su primera fase incluye un total de 14 obras, para las que ya se aseguraron los recursos.

El Gobierno de Colombia proyecta dejar contratados proyectos del nuevo paquete de concesiones de infraestructura vial, conocido como Quinta Generación, por 21,3 billones de pesos (US$ 5.392 millones), antes de terminar su periodo, en un año, dijo a Reuters la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

El paquete total de concesiones tiene un costo estimado de 48 billones de pesos (US$ 2.100 millones) y en su primera fase incluye un total de 14 obras, para las que ya se aseguraron los recursos, en tanto que ocho proponentes se presentaron como interesados para la primera de las licitaciones.

"Ya adjudicamos el primer proyecto de quinta generación, que se llama Malla Vial del Valle del Cauca (…), tenemos cuatro más en licitación, con ese ya van 5 en licitación y los otros 9 están en proceso de aprobación del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación", dijo Orozco en una entrevista con Reuters el miércoles en la tarde.

"Una vez tengamos esas aprobaciones saldremos a licitación", agregó.

La deficiente infraestructura de carreteras y el retraso en la ejecución de las obras para modernizarla, es considerado por analistas como uno de los principales factores que le resta competitividad a la economía y al comercio internacional de Colombia.

El nuevo paquete de concesiones se suma a los 31,5 billones de pesos (US$ 7.974 millones) en proyectos de infraestructura vial que ha gestionado el gobierno del presidente Iván Duque, cuyo mandato de cuatro años finaliza en agosto de 2022, explicó Orozco.

La cifra de inversión incluye 20 billones de pesos (US$ 5.000 millones) en el paquete de proyectos denominado de "Cuarta Generación", del que hacen parte 29 obras de infraestructura vial, y 11,5 billones de pesos (US$ 2.900 millones) que el país sudamericano necesita para el mejoramiento de sus vías terciarias.

"El ritmo de ejecución de los proyectos de cuarta generación se tomó en este Gobierno, y hoy podemos decir que le estamos inyectando a la economía, más o menos, mensualmente 400.000 millones de pesos (US$ 100 millones)", aseguró la ministra.

Colombia esperaba que su economía fuera impulsada por la ejecución de la cuarta generación de concesiones desde la adjudicación de los primeros contratos en 2014.

Sin embargo, Orozco reveló que a su llegada al ministerio solamente seis de los proyectos avanzaban adecuadamente, por lo que el actual Gobierno ha ejecutado 20 de los 27 billones que cuesta el programa.

La funcionaria recordó que en 2019, antes de la pandemia, el sector de infraestructura contribuía con un punto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y que la meta es recuperar ese protagonismo.

En el primer trimestre la ejecución de obras civiles se contrajo 12,8%, por lo que el sector de la construcción restó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía. El país sudamericano de 50 millones de habitantes creció 1,1% en este periodo.

Consultas previas. Parte de la parálisis en los proyectos de Cuarta Generación y de otros sectores como la minería, se debe a la demora en la realización de las consultas previas, un trámite legal obligatorio que necesita de la aprobación de las comunidades para que las obras que se desarrollan en sus territorios.

Esta situación llevó al Gobierno a emitir una directiva presidencial en septiembre de 2020 que reglamentó las consultas previas y delimitó la duración de las etapas que deben cumplir.

"Tengo que decir que la directiva presidencial fue bastante útil y valiosa y a nosotros nos fue muy valiosa para sacar adelante las consultas de nuestros proyectos", dijo Orozco.

"Ahora bien, es importante la ley para darle seguridad jurídica a futuro, porque cualquiera puede venir y cambiar la directiva presidencial, entonces la ley va a dar certidumbre jurídica a futuro", explicó.

Los dos últimos Gobiernos han reconocido la importancia de una ley en este aspecto. No obstante, hasta ahora no se ha presentado un proyecto de ley al Congreso.