La cancelación de la cuarta subasta se realiza luego de las revisiones a los alcances de estos procedimientos por parte de la administración actual, y de denuncias de conflictos de interés entre las principales participantes privadas, como la ibérica Iberdrola.

Ciudad de México. Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno continuar con la cuarta subasta de largo plazo para adquisición de energía para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) confirmó la cancelación definitiva de este proceso, que involucraba una inversión mínima de US$1.600 millones en nuevas centrales principalmente renovables en el país.

La cancelación de la cuarta subasta se realiza luego de las revisiones a los alcances de estos procedimientos por parte de la administración actual, y de denuncias de conflictos de interés entre las principales participantes privadas de estas subastas, como la ibérica Iberdrola, que en julio del 2016 contrató al expresidente Felipe Calderón como miembro independiente del consejo de administración de su filial Avangrid, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Conforme al oficio SENER.100/2019/075, el Cenace informó finalmente “a los compradores potenciales, licitantes e interesados la cancelación de dicho proceso”, según el ordenamiento de la Secretaría de Energía.

Esta subasta se encontraba suspendida desde el pasado 3 de diciembre, mientras se revisaban sus objetivos y alcances por parte de la CFE, el Cenace y la propia Secretaría de Energía de la nueva administración, detalló el organismo.

También advirtió que en caso de que los interesados no estén conformes con esta cancelación, podrán solicitarle la reconsideración prevista en el capítulo 10 de solución de controversias de las bases de licitación, misma que sólo prevé la revisión de las resoluciones, sin que exista alguna obligación de modificar las disposiciones del gobierno convocante.

Inversiones de 1,600 MDD. En esta subasta, el gobierno prevenía la compra de 1.108 megawatts hora a un precio máximo de 930.000 pesos por megawatt hora para el Sistema Interconectado Nacional, además de 220 megawatts hora a 1.1 millones de pesos por unidad para Baja California y 79.05 megawatts hora a 2.045 millones de pesos por unidad para Baja California Sur, en el caso de la potencia para las 100 horas de mayor demanda en los tres sistemas.

Además, solicitaba 3.901 millones de megawatts hora por año a un precio máximo de 750 pesos por unidad de energía acumulable y la misma cantidad de certificados de energía limpia (CEL) a un precio máximo de 367 pesos por unidad.

Esto significaba una disminución de alrededor de 29% en la demanda de la estatal eléctrica en relación con el proceso anterior, que con ofertas de venta promedio de US$20,5 por megawatt hora vinculado a CEL, logró que ocho empresas se encuentren en proceso de construcción de 15 nuevas centrales de 2,562 megawatts instalados, con inversiones de US$2.362 millones.

Iberdrola, comprador potencial. Además de los posibles vendedores de energía inscritos en la cuarta subasta, también se cancela el proceso para cinco empresas distintas a la CFE que se disponían a comprar energía: CFE Suministrador de Servicios Básicos, Iberdrola Clientes, Servicios de Energía México Syem, Menkent, FSE Suministradora Fénix y Tuto Energy Trading.

En comparación con la tercera subasta, se había duplicado el número de empresas interesadas en comprar energía, quienes recibirían ofertas en forma de porcentaje de lo que se presente para la CFE.

En las tres subastas que se concretaron en 2015, 2016 y 2017, el gobierno logró ofertas de venta de energía al segundo mejor precio nivelado global para energías renovables en promedio: de US$20,5 por megawatt hora.

Pero además, consiguió inversiones por US$9.000 millones y una capacidad a instalarse de 7.519 megawatts, que representan 10% de la capacidad actual.

Gracias a estos tres procesos, 42 empresas comprometieron en 22 entidades la construcción de 67 nuevas centrales de tecnologías fotovoltaica y eólica, principalmente, aunque también se comprometió la repotenciación de plantas hidroeléctricas, geotérmicas y de bioenergía.

La red global de múltiples partes que analiza las políticas energéticas globales REN21 considera que las subastas se han convertido en la mejor práctica a nivel mundial para desarrollo y despliegue de las energías limpias y proyectos de gran escala. De acuerdo con su último reporte, en el mundo se pasó de 36 a 67 países que utilizaron estos procesos en los últimos cinco años.

En América Latina, 12 de las 20 naciones que integran la región han realizado por lo menos una subasta para compra de energía a largo plazo para que los gobiernos adquieran la demanda futura de electricidad que requiere el crecimiento de las economías y las poblaciones.

¿Qué son las subastas eléctricas? Las subastas de largo plazo permiten a los suministradores de servicios básicos, principalmente gobiernos, celebrar contratos para satisfacer las necesidades de potencia para las horas de mayor demanda de los sistemas, energía constante y otros instrumentos como los certificados de energía limpia (CEL) que deben cubrir según las necesidades de cada territorio, a través de contratos en que se fija un precio y se paga por la generación principalmente renovable, que será más barata con el tiempo.

De acuerdo con la Ley de Transición Energética, todo participante del sector eléctrico debe probar que generó o consumió un mínimo de 5% de su generación mediante energías limpias en el 2019, porcentaje que subirá hasta llegar a 13,9% al 2022 conforme la modificación que realizó la Secretaría de Energía en 2017.

Las empresas que implementen generación nueva o repotencien sus plantas pueden vender potencia que es energía disponible en cualquier momento, megawatts por hora que se despachan conforme a los criterios de precio del Centro Nacional de Control de Energía y CEL, para cumplir con sus obligaciones, al suministrador del servicio básico de electricidad que por ley es la CFE o a cualquier otro interesado en adquirir energía renovable.

En México, los contratos son adjudicados con una duración de 15 años para potencia y energía y 20 años para CEL. Entre 2015 y 2018, se han realizado tres subastas de largo plazo, con inversiones comprometidas por US$9.000 millones.