El Observador de Uruguay. Luego de un final de año promisorio en el que las exportaciones aumentaron, la industria pesquera comenzó 2019 con problemas. El 3 de enero el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Anes (Suntma) resolvió denunciar el convenio colectivo que estaba vigente hasta el 30 de abril, provocando una nueva crisis en el sector.

La decisión de la asamblea fue avalada por el Sindicato Único de Patrones de Pesca de Uruguay Tráco y Cabotaje (Sudeppu) pero no por el Centro de Maquinistas Navales (CMN), los otros dos sindicatos que forman parte de la intergremial marítima y portuaria.

La resolución de los trabajadores provocó que los empresarios resolvieran dejar de salir a pescar a la espera de una negociación tripartita en la que se acuerde un nuevo convenio. 

El jueves 17 de enero se produjo una primera reunión en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) pero la situación está lejos de resolverse.

“Llevamos casi cinco años con rentabilidad prácticamente negativa. En 2018 recién empezó a mejorar y quedó claro el perjuicio que nos viene ocasionando la prospección sísmica de Ancap ya que cada vez que la hay en la zafra pescamos un 40% menos”, señaló Piñeiro. 

El director del organismo Andrés Domingo dijo a El Observador que el sector pesquero vive uno de los momentos “más críticos” desde que existe una “actividad más desarrollada”.

Algo similar opinó Guzmán Acosta y Lara, asesor de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), quien dijo que hay una “crisis general” que se explica por los altos costos y el desarrollo de algunos proyectos como la terminal de Puntas de Sayago o la línea de tendido de la conectividad internacional, que perjudican la pesca. 

A estos problemas internos se suman factores externos como la caída de las preferencias arancelarias en Europa y China, que provocaron que el sector pesquero uruguayo pase a estar en desventaja con su principal competidor, Argentina.

En los últimos diez años la cantidad de pesqueros autorizados pasó de 140 a 54, mientras que los puestos de trabajo pasaron de 4.000 a 1.700 en este período, según Domingo. Uno de los factores claves de esta baja es el cierre de Fripur.

Los altos costos son el motivo principal por el que los empresarios han decidido no salir a pescar. 

El presidente de la CAPU, Ricardo Piñeiro, dijo a El Observador que los barcos “no están saliendo porque estamos en baja zafra” y el sector tiene “costos muy altos” y hay un “sobrecosto de aporte patronal”. 

“Llevamos casi cinco años con rentabilidad prácticamente negativa. En 2018 recién empezó a mejorar y quedó claro el perjuicio que nos viene ocasionando la prospección sísmica de Ancap ya que cada vez que la hay en la zafra pescamos un 40% menos”, señaló Piñeiro. 

“Liberamos los barcos el 7 de enero y hasta la fecha no se ha movido ninguno. Tenemos un lock out patronal”, dijo a El Observador el integrante de la dirección del Suntma, Héctor Sosa. Sosa señaló que había “120 barcos parados en la bahía sin salir a trabajar” y dijo que hacía falta “buenos empresarios” que “saquen los barcos a trabajar”. 

Entre enero y junio de 2018, las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los US$48 millones, según la Dinara. Si se compara con las cifras de igual período de 2017, se registró un incremento del 23% en valor y del 8,19% en volumen ya que se alcanzaron las 25.958 toneladas y el precio unitario experimentó una suba del 13,34%. 

Los empresarios reclaman que el gobierno no ha tenido una “política activa” para revertir la situación del sector aunque reconocen que ha habido un “entendimiento de los problemas” y se han buscado soluciones “puntuales”. 

La CAPU rechaza dos decretos del gobierno de José Mujica, los cuales establecieron “un aporte patronal diferencial y especial” para los trabajadores de cubierta, maquinas, marineros y patrones. Por estos decretos, se bonifican tres años por cada dos que se trabajen, lo cual según los empresarios demuestra la “inequidad” con otros sectores.

“El sector pesquero es el único del país que tiene el 100% de su personal con un régimen de jubilación especial y bonicada, que genera un costo importante que es muy difícil de afrontar”, señaló Acosta y Lara a mitad de 2018 durante una comparecencia ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado.