El presidente del gremio peruano que representa a la poderosa industria minera dijo este jueves que el sector está abierto a discutir y revisar los contratos de estabilidad tributaria con el nuevo gobierno izquierdista, aunque resaltó que está en juego la "competitividad" del país.

Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, tiene actualmente acuerdos que han congelado impuestos en seis grandes proyectos, pero la gestión del presidente Pedro Castillo, que asumió a fines de julio, planea revisar los contratos en busca de más fondos fiscales para financiar programas sociales.

El país andino ha suscrito desde la década de 1990 hasta 25 contratos de estabilidad tributaria, destinados a proteger a los inversores de la agitación política o económica. Los expertos afirman que estos acuerdos han permitido un buen escenario para el desarrollo de las minas más grandes en Perú.

"En realidad siempre se puede conversar, más aún cuando la autoridad lo pide", dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Petróleo (SNMPE), Raúl Jacob, que también es CFO de Southern Copper Corp.

"Pero hay que tener presente que las compañías han hecho inversiones sobre la base de un acuerdo", refirió en una entrevista con Reuters.

En el vecino Chile, el mayor productor mundial de cobre, legisladores de izquierda también buscan aumentar los impuestos a los mineros, en momentos en que los altos precios han impulsado las ganancias de las firmas mineras y también los ingresos fiscales.

Una revisión de contratos de estabilidad tributaria en Perú pondría en terreno difícil, entre otras, a las chinas MMG Ltd, que opera la mina Las Bambas; y a Aluminum Corp de Chinalco, que opera la mina Toromocho. Los contratos con estas firmas vencen entre el 2028 y 2030.

También afectaría a la gigante Anglo American, que desarrolla la mina Quellaveco y que comenzaría a producir recién desde el 2022. Su convenio de estabilidad termina el 2037.

"Siempre hay espacio, pero uno debe ser consciente de que lo que está en juego es la competitividad del país", afirmó Jacob. "En los próximos cinco años hay proyectos por alrededor de US$ 20.000 millones, eso no hay que dejarlo, no deberían irse a otros países", agregó el ejecutivo.