Nordea Asset Management dejó por fuera al mayor procesador de carne del mundo, por la falta de compromiso con los problemas de sostenibilidad. La acusación coincide con el reciente informe de Amnistía Internacional que sostiene que la carne producida en Brasil deja un rastro de ilegalidad y destrucción de la selva amazónica.
La compañía brasileña JBS, el mayor procesador de carne del mundo, quedó fuera del brazo inversor de Nordea Asset Management, el grupo de servicios financieros más grande del norte de Europa, que decidió excluir de todos sus fondos las acciones del frigorífico valoradas en unos €40 millones (US$47 millones) por su cuestionado historial ambiental y la respuesta a la pandemia del COVID-19.
Nordea -que controla un fondo de €230.000 millones- dijo a Reuters que la decisión de retirar a JBS de su cartera se tomó después de un período de compromiso con la compañía que al final no produjo un resultado satisfactorio. Aunque JBS respondió a la agencia que no fue contactada recientemente por el fondo para poder presentar evidencia de la transparencia de sus relaciones y de la sostenibilidad de sus operaciones.
Eric Pedersen, jefe de inversiones responsables de Nordea, dijo que las conversaciones con JBS estuvieron centradas en temas que incluyen el riesgo de deforestación en su cadena de suministro, el manejo de los cargos de corrupción, así como la salud y seguridad de los empleados en medio de la pandemia.
La decisión tomada "es el peso de todos los problemas juntos", dijo Pedersen, haciendo especial referencia a nuevas denuncias de que JBS estaba "lavando" ganado (transferir ganado entre granjas intermedias para dar la apariencia de legalidad a los animales) supuestamente procedente de áreas de deforestación y que no había protegido a sus trabajadores de la pandemia.
Pedersen dijo además, en otras declaraciones a The Giuardian, que la exclusión de JBS era "bastante dramática" para Nordea porque proviene de todo sus fondos y no solo de los ESG (ambientales, sociales y gubernamentales), que son utilizados para evaluar la sostenibilidad de la empresa y el impacto social para los inversores.
El mes pasado, el Gobierno de Brasil recibió una advertencia de 29 instituciones financieras internacionales que gestionan activos por unos US$3,7 billones, entre ellas Nordea, en la que le pidieron revisar sus políticas en materia de deforestación para preservar la selva amazónica. De no hacerlo, retirarían sus inversiones en el país.
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La compañía JBS ha sido vinculada en varias ocasiones con el ganado suministrado por granjas involucradas en la deforestación de la selva amazónica.
Rastro de ilegalidad. El informe "Del bosque a la granja" de Amnistía Internacional, publicado en julio de este año, denunció que la carne producida en Brasil deja un rastro de ilegalidad, destrucción de la selva amazónica y violaciones de los derechos humanos. La investigación señala a JBS como uno de los implicados en esta práctica.
Los investigadores de AI encontraron evidencia de que el ganado criado ilegalmente en áreas protegidas del Amazonas se convirtió en filetes llenos del sello JBS. Katharina Masoud, de Amnistía Internacional, declaró a la agencia DW que aunque el foco de la investigación no estaba en JBS "el nombre de la compañía continuó surgiendo a medida que buscábamos datos oficiales".
Sin revelar el nombre de las granjas involucradas, AI señala que JBS compró indirectamente ganado de un área ilegalmente utilizada como pasto dentro de la Reserva Extractiva de Río Ouro Preto, una unidad de conservación federal. La compañía también habría comercializado ganado de granjas que ocupan tierras dentro de la Reserva Río Jacy-Paraná y la Tierra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, una operación prohibida por Ley en ambos lugares.
"Hay indicios de que estos granjeros pueden haber utilizado la práctica de lavar el ganado para eludir los sistemas de monitoreo existentes y vender el ganado criado en estas áreas protegidas a JBS", sostiene el informe. El documento afirma que el ganado criado ilegalmente en áreas protegidas ha ingresado en la cadena de suministro de JBS.
Un cuestionado historial. El informe de Amnistía Internacional no es el único que aborda este caso. En un reciente estudio de Greenpeace, el nombre de JBS también apareció vinculado a la ilegalidad en la Amazonía, junto a los mataderos Marfrig y Minerva. Greenpeace los señala por comprar indirectamente a proveedores que crían ganado en una unidad de conservación en el estado Mato Grosso.
Otra investigación, realizada en el 2019 por la Oficina de Periodismo de Investigación y Réporter Brasil y publicada por The Guardian, reveló que los mataderos de JBS en el mismo estado habían comprado ganado de granjas propiedad de la poderosa compañía ganadera AgroSB Agropecuária SA.
En esa ocasión, JBS respondió que su propia auditoría independiente de 2018 mostró que más del 99,9% de sus compras cumplió el acuerdo Término de Ajuste de Conducta (TAC) suscrito en 2009, en el que se compromete a monitorear a sus proveedores y excluir a aquellos que practican ilegalidades en la Amazonía.
Más recientemente, tras el informe de Amnistía, JBS respondió mediante un comunicado que "no compra ganado de ninguna granja involucrada en irregularidades en áreas protegidas".
Según la nota, el propio sistema de seguimiento de la compañía excluye automáticamente "cualquier propiedad involucrada en la deforestación de bosques nativos, la invasión de áreas protegidas, como tierras indígenas o áreas de preservación ambiental, o granjas con áreas embargadas por Ibama (Instituto Brasiliro del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables)".
El mayor procesador de carne del mundo ha logrado avanzar en el control de sus proveedores directos, como se denomina a las granjas de las cuales sus mataderos obtienen ganado, pero no ha conseguido controlar a sus proveedores indirectos; es decir, a aquellas granjas que crían ganado para otras granjas y que posteriormente suministrarán a los mataderos de JBS. Y en algunos casos, como revelan las investigaciones, proveedores directos tienen relación con las llamadas "granjas sucias".
En 2017, la agencia estatal Ibama multó con US$7,7 millones a JBS por comprar más de 49.000 bovinos de áreas deforestadas ilegalmente, algunos de proveedores indirectos.
