Odebrecht va a pagar cerca de 161,9 millones de reales (US$41,7 millones) a la estatal Eletrobras tras un acuerdo firmado con autoridades brasileñas en medio de las acusaciones de corrupción contra la empresa investigada en la Operación Lava Jato, dijo la eléctrica en un comunicado el miércoles.

El pago pretende resarcir pérdidas incurridas por Eletrobras con irregularidades en la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio y Belo Monte, en la región Norte, tras hallazgos de una investigación independiente contratada por la estatal de energía para encontrar desvíos.

"La adhesión al acuerdo es una oportunidad de hacer regresar a Eletrobras parte de los recursos a los que tiene derecho la compañía ante los daños causados ​​por Odebrecht, derivados del esquema de corrupción desvelado por la Operación Lava Chorro", afirmó la estatal.

"Eletrobras continuará adoptando las medidas necesarias para resarcir los daños causados ​​... en razón de los actos ilícitos de los que fue víctima", agregó la compañía, sin detallar.

El pago pretende resarcir pérdidas incurridas por Eletrobras con irregularidades en la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio y Belo Monte, en la región Norte del país.

El resarcimiento fue acordado después de que Odebrecht firmara el 31 de diciembre de 2018 un término de adhesión a un acuerdo de lenidad firmado con el Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU), dijo a Eletrobras.

Antes, Odebrecht ya había reconocido en un acuerdo de lenidad de 2016 el pago de propinas a autoridades en Brasil y en otros países para obtener grandes contratos de obras públicas.

Los valores serán pagados a Eletrobras en 21 cuotas anuales, corregidas por la Selic, a partir de octubre de 2019.

En el comunicado, Eletrobras recordó que su investigación interna, liderada por la oficina norteamericana de abogacía Hogan Lovells, encontró pérdidas de 122,8 millones de reales (U$31,6 millones) por corrupción en la planta de Santo Antônio, donde la estatal es socia por medio de la subsidiaria Furnas.

La hidroeléctrica en Rondônia todavía tiene como accionistas la minera Cemig y la propia Odebrecht, además del FIP Amazonia Energia, de Caixa, y SAAG Inversiones, ligada a Andrade Gutiérrez.

Los otros 91,46 millones de reales (US$23,5 millones) en pérdidas halladas por la investigación de la estatal se habían relacionado con el proyecto de la hidroeléctrica de Belo Monte, en Pará, donde la empresa tiene como socias las eléctricas Neoenergía, Cemig y Light, además de los fondos de pensiones Petros y Funcef y la minera Vale.

Eletrobras dijo que la subsidiaria Furnas recibirá la mayor parte de los valores de Odebrecht, en el total de 117,68 millones de reales (US$30,3 millones).

Pesados prejuicios. Eletrobras pasó a investigar internamente denuncias de corrupción tras ser objeto de investigaciones de la Operación Lava Jato, que descubrió a partir de 2014 un enorme esquema de corrupción en Brasil entre estatales, contratistas y partidos políticos.

Las apuraciones apuntaron en 2016 que la compañía de energía enfrentó impactos financieros de cerca de 300 millones de reales (US$77,2 millones) con irregularidades en proyectos identificados hasta el final de 2015.

Los descubrimientos incluyeron la existencia de esquemas de tasas de entre el 1% y el 6% sobre el valor de algunos contratos, además del 10% en una contratación específica, objeto de cártel, según informaciones divulgadas en la época. La estatal listó irregularidades en la planta nuclear de Angra 3, en la termoeléctrica Mauá 3 y en las hidroeléctricas de Simplício y Belo Monte, entre otros proyectos no mencionados.

Los costos de la estatal con las investigaciones superaban los 340 millones de reales (US$87,5 millones) sólo hasta finales de 2017, en medio de la necesidad también de pagos por asesoría en relación a la legislación anticorrupción norteamericana y de contratación de dictámenes jurídicos.

Después de la participación en los casos de corrupción, Eletrobras llegó a ser procesada por accionistas en Estados Unidos, lo que la obligó a cerrar un acuerdo para cerrar el caso.

A finales de diciembre, la compañía informó de que había aprobado en definitiva un acuerdo con accionistas en Estados Unidos que contempla el pago de US$14,75 millones a cambio de la exoneración completa de cualquier acusación contra ella y sus ejecutivos en la acción colectiva.