Con los respectivos planes de retorno y los procesos de vacunación que avanzan en la región, las empresas comienzan a evaluar cómo serán sus modelos de trabajo y si es prudente o no exigir a quienes se integren estar inoculados.
Hace un tiempo, Google anunció que sus trabajadores en todo el mundo tendrían que volver a las oficinas, pero estos deberían estar inoculados con alguna de las vacunas contra el COVID-19. La medida comenzó a regir para los empleados en Estados Unidos y luego se aplicaría a nivel global. Facebook también se sumó: su vicepresidenta de Personas, Lori Goler, señaló en un comunicado que exigirán que quienes se reintegren estén vacunados. Esto, debido al incremento de casos por la variante delta, lo que habría alertado a los directivos, quienes se decidieron por dar a conocer esta medida.
La decisión está escalando en el mundo y cada vez son más las empresas que exigen a sus empleados corporativos o a todo el personal estar vacunados, como Cisco, Ford y McDonald’s, entre otras compañías. En América Latina, el estudio “Vacunas COVID-19 y el sector privado”, que realizó la empresa de consultoría Marsh Perú, reveló que el 49% de las empresas en Perú están evaluando que la vacunación sea obligatoria para que los empleados puedan retornar a la oficina. Del 17% que afirma considerar hacerlo, el 57% lo solicitaría a todos por igual, mientras que el 43% solo lo consideraría para quienes estén más expuestos.
"Una de las más importantes estrategias para acabar con la pandemia es la vacunación de toda la población. Muchas de las organizaciones han levantado información sobre la aceptación de la vacunación en sus trabajadores y la amplia mayoría señala que más del 70% de los empleados desea vacunarse. Es importante mantener esos niveles de aceptación frente a cualquiera de las vacunas autorizadas en el país”, señala Vanessa Choroco, subgerente de Salud Ocupacional de Marsh Perú en el estudio.
Pero también existen casos severos en el mundo. En la aerolínea estadounidense Delta Airlines, donde el 75% de su personal está inoculado, se anunció que a partir del 12 de septiembre se harán pruebas semanales para detectar el COVID a quienes no estén vacunados, una medida que se complementa con el uso de mascarillas mientras trabajan en sus oficinas. Desde noviembre, “los empleados tendrán que pagar US$ 200 mensuales por su plan de salud patrocinado por la compañía si optan por no vacunarse contra COVID-19”, según una nota de Reuters. Esta sería la más reciente estrategia para presionar para que el total del personal esté vacunado.
Exigir o no vacunación en América Latina
Pero, ¿es posible que las empresas puedan exigir a sus trabajadores estar vacunados? De acuerdo con César Puntriano, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN Graduate Business School, “no existe marco legal vigente que permita a los empleadores obligar a sus trabajadores a vacunarse contra el COVID-19. Tampoco podrá impedirse el acceso al personal que desee realizar trabajo presencial y que no se encuentre vacunado, pues ello supondría obligarlo a hacerlo”. En todo caso, “podría disponer su trabajo remoto, pero basado en alguna razón objetiva distinta, comprendiendo a un área de trabajadores y no solamente a los 'no vacunados" pues lo contrario podría entenderse como un acto discriminatorio”, agrega.
La única manera que las empresas en Perú puedan exigir esto sería a través de la modificación de la Ley No. 31.091 por parte del Congreso, “disponiendo la obligatoriedad de la vacunación por necesidades de salud pública, escenario en el cual el empleador podría impedir el acceso e inclusive sancionar al personal que no cumpla con dicho deber”, dice Puntriano.
En Chile, el asunto es algo difuso. Según explica Pablo Cifuentes, abogado socio de CBC Abogados, “el artículo 184 del Código del Trabajo chileno obliga al empleador a ‘tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores’, por lo que dado el tenor general de aquella norma, podría entenderse que el empleador debiera propiciar la vacunación entre los trabajadores, como un medio de preservar su salud e integridad”.
Sin embargo, añade Cifuentes, según la Corte Suprema, si bien el empleador debiera favorecer la vacunación, facilitando los medios para que esta pueda llevarse a cabo sin que signifique un costo alguno para los trabajadores, “el único contexto dentro del cual podría exigirla es si los trabajadores, por la naturaleza de sus funciones, fueran un vector de riesgo que comprometa el funcionamiento de la empresa o de la salud pública. Por ejemplo, que deba manipular alimentos, atender a clientes en forma directa, prestar atención sanitaria en centros de salud, u otros similares”, añade el abogado.
Pero también existe la posibilidad de que el empleador pueda desvincular al trabajador que se oponga a la inoculación. En este caso, Cifuentes dice que “la empresa puede invocar la causal de despido prevista en el artículo 160 número 5 del Código del Trabajo, que autoriza a desvincular, sin derecho a indemnización, al trabajador que incurra en actos, omisiones o imprudencias que comprometan el funcionamiento del establecimiento o la seguridad o salud de los trabajadores”. Esto, con el argumento que la empresa no sólo resguarda los intereses de la organización, sino que también de los empleados para preservar la salud pública.
Concientizar
En países como Colombia se permitió que las empresas privadas importaran, adquirieran y aplicaran vacunas contra el COVID-19, contribuyendo en acelerar el proceso de inoculación. La iniciativa “Empresas por la vacunación” de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), buscaba que estas también fueran parte en la reactivación de la economía de dicho país.
En Perú, en tanto, las empresas también pudieron importar y comprar vacunas para inmunizar a sus trabajadores tras la aprobación de la Ley 31.225, que permite que este gasto se pueda deducir del impuesto a la renta en el periodo de emergencia.
De esta forma, las empresas se hicieron parte del proceso de vacunación, tras disponer en el último año de modelos flexibles para que sus trabajadores puedan optar a trabajar desde sus casas permanentemente o también pueden elegir si van algunos días a la oficina mientras otro están en casa. Pero, al menos, en la región las empresas se han mostrado abiertas a conocer la opinión de sus trabajadores e ir diseñando junto con ellos un modelo de retorno.
Tanto para César Puntriano, de ESAN, como para María Soledad Camus, socia y CEO de la consultora LLYC en Chile, en este proceso de reincorporación es clave concientizar a la población sobre las ventajas de la vacuna contra el COVID-19, y los beneficios de esta a nivel personal, familiar y en el ambiente de trabajo.
Junto con esto, es necesario “tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de nuestros colaboradores, lo que significa facilitar los procesos de vacunación a aquellas personas que quieran recibirla: permisos pagados, flexibilidad en horario de trabajo para acudir a los vacunatorios, etc”, dice Camus.
En general, en la región no se puede obligar a los trabajadores a inocularse, sin embargo, los países están avanzando para que el proceso de vacunación pueda inmunizar a toda la población. Las empresas también están contribuyendo en esta misión, vacunando a sus empleados, en algunos casos, y en otros propiciando el espacio para que estos lo hagan.
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