Las modificaciones regulatorias, la cancelación de subastas gubernamentales y falta de definiciones sobre políticas públicas respecto al futuro de las energías limpias y la transición energética han reducido la competitividad de México en inversiones para energías renovables y puede frenar el crecimiento sostenido que había tenido el país en este ámbito, lamentaron representantes de la industria eólica a nivel global.

Por ejemplo, el país cayó del lugar 19 al 24 en el ranking de países más atractivos para inversiones en energía renovable de EY en el último semestre, de acuerdo con Gavin Rennie, líder asociado para América del Norte en Instalaciones Energéticas de EY.

En tanto, países como Vietnam y Portugal modificaron regulaciones para acelerar la llegada de capitales. “Se calcula que en los próximos 20 años se invertirán entre US$8.000 y US$13.000 millones sólo en instalaciones eólicas por el mundo”, dijo el especialista, “para competir por este capital, México deberá seguir desarrollando política públicas que le permitan seguir compitiendo”.

En la presentación del México Wind Power que se celebrará el 4 y 5 de marzo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez Olivé, recordó que México llegará a una participación de 8% de la generación eléctrica nacional mediante fuentes eólicas, luego de la instalación de más de 750 megawatts este año, con lo que el país tendrá una capacidad instalada de más de 7.000 megawatts al concluir el año, indicaron.

Las inversiones de alrededor de US$1.300 millones para el 2020 y la puesta en marcha de 11 centrales, de las cuales seis son producto de las subastas para el largo plazo del gobierno, son inferiores a las del 2019, en que se estimaron inversiones de casi US$2.000 millones en energía eólica del país.

Esto implicará un aumento de 12% en la capacidad instalada eólica, que al finalizar el 2019 fue de 6.237 megawatts, luego de un incremento anual de 1.279 megawatts, es decir, 25% más que el año anterior. Con ello, el país se posiciona como el tercer mayor productor de energía eólica en Latinoamérica, detrás de Brasil y Argentina. Esto implica que hasta hoy tiene 21% de la potencia eólica instalada en la región.

Pero las inversiones de alrededor de US$1.300 millones para el 2020 y la puesta en marcha de 11 centrales, de las cuales seis son producto de las subastas para el largo plazo del gobierno, son inferiores a las del 2019, en que se estimaron inversiones de casi US$2.000 millones en energía eólica del país.

Y es que después de un año de la cancelación de las subastas gubernamentales para la adquisición de renovables en contratos de largo plazo y las licitaciones para nuevas líneas de transmisión se cancelaron, no existen políticas que provean alternativas para transitar hacia la diversificación de las fuentes energéticas o el incremento en la capacidad de transporte de la energía.

Plan de infraestructura. Rodríguez Olivé explicó que en el nuevo plan de infraestructura energética que el gobierno federal se comprometió a presentar antes de que concluya febrero existe un diálogo sobre el apoyo y puesta en marcha de los proyectos eólicos privados más avanzados, pero hay regulaciones que generan incertidumbre, como la posibilidad de que toda la energía limpia de la Comisión Federal de Electricidad reciba certificados de energía limpia —modificación que cuenta con una suspensión en lo que se desahoga el juicio de amparo interpuesto por los privados—, o la prohibición de los generadores mediante autoabasto para añadir socios consumidores a sus proyectos.

“Si cambian las reglas a la mitad del juego, muchos proyectos que necesitan años de planeación y financiamientos muy elevados dejan de ser posibles, y entonces se pone en riesgo no sólo un proyecto sino toda una industria”, dijo.