El sector eléctrico mexicano requerirá de inversiones de alrededor de entre US$100.000 y US$120.000 millones durante los próximos 10 años para lo cual será necesaria la participación privada con un marco legal que genere certidumbre sobre sus inversiones, afirmaron expertos y participantes de la industria durante el foro Credit Outlook 2020 organizado por Fitch Ratings.

De acuerdo con Lucas Aristizabal, senior director de Corporative Ratings para Latinoamérica de Fitch, para satisfacer la creciente demanda de electricidad en el país, aun con decrecimiento o estancamiento económico del PIB, se necesitan por lo menos US$10.000 millones anuales durante la próxima década, mismos que permitan ampliar la base de generación eléctrica particularmente con plantas de ciclo combinado para aprovechar los bajos precios del gas natural del país vecino del norte, y luego de que, tras muchos conflictos se logró expandir de 1.000 a 5.500 millones de pies cúbicos de importaciones vía ducto en la última década.

Pero además, será necesaria la infraestructura de transmisión de la energía que se genere, para lo cual, la iniciativa privada deberá participar de la mano del Estado en un entorno que genere certidumbre sobre las inversiones.

“Se debe consolidar un marco jurídico, regulatorio y legal que garantice a los capitales su participación en el crecimiento energético del país. Sin estos tres componentes, las inversiones seguirán llegando, pero no al ritmo que le permita ser competitivo al país”, dijo.

La buena noticia, según Enrique Giménez, director general de Fisterra Energy, es que el marco jurídico creado con la Ley de la Industria Eléctrica del 2015 estableció verdaderas bases para la consolidación de un mercado eléctrico verdaderamente competitivo.

Por su parte, Katya Somohano Silva, directora de Energía de Grupo Deacero, recordó que los 7.000 kilómetros de gasoductos, que con retrasos y diversas problemáticas se echaron a andar en los últimos años, deben cumplir su función de abastecer del hidrocarburo más barato que existe hoy en el planeta a la industria y a la base de generación eléctrica nacional.

Sin embargo, éstos fueron instalados para abastecer los centros de consumo ya consolidados en el norte y centro del país, por lo que ahora sigue la función del Estado de incentivar nuevas áreas de interés en regiones donde deberá crecer la demanda, como el sureste del país, donde el fin de semana pasado arrancó la construcción de la central Mérida 4, luego de que finalmente inició también la instalación de un tramo de sólo 16 kilómetros que eran todo lo que se necesitaba para unir el ducto aislado de Mayakán, en la península de Yucatán, con el sistema nacional.

La buena noticia, según Enrique Giménez, director general de Fisterra Energy, es que el marco jurídico creado con la Ley de la Industria Eléctrica del 2015 estableció verdaderas bases para la consolidación de un mercado eléctrico verdaderamente competitivo, y las oportunidades que se vieron hace seis años y que impulsaron la reforma eléctrica, permanecen a la vista de los inversionistas.

Finalmente, Sergio Rodríguez, senior director de Corporate Ratings de Fitch para Latinoamérica, expuso que será necesario el diseño de planes a largo plazo en lo que se refiere al suministro de gas, mismos que deberán contemplar también el aumento de la producción doméstica.