En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calificó como adverso para los negocios los elevados niveles de corrupción, la debilidad del Estado de Derecho y el aumento en los niveles de inseguridad e impunidad.

Ciudad de México.- Si el gobierno federal busca que haya crecimiento económico y empleos, debe entender que el sector empresarial es su principal aliado y está obligado a que las empresas tengan plena certeza jurídica, de seguridad y de reglas claras permanentes, pugnó la Iniciativa Privada.

El sector empresarial es una de las principales fuentes de recursos del gobierno a través del pago de impuestos al fisco, lo que le permite al gobierno cumplir con sus objetivos de políticas públicas. Tan sólo durante el 2019, a través del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las empresas aportaron el 55% del total de los ingresos tributarios del gobierno federal, equivalente a una tercera parte de los ingresos totales del sector público, destacó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

A través de su análisis ejecutivo semanal, el organismo privado consideró que la instrumentación de cambios marginales (por la actual administración en ramos como energía, salud u otros) hacen que solo contribuyan a matizar los rezagos, pensando que un ritmo de crecimiento inercial dará solución en materia de empleos y bienestar, se estará desperdiciando la oportunidad de consolidar a México como una de las economías más atractivas para la inversión.

“El deterioro del ambiente de negocios como consecuencia de elevados niveles de corrupción, debilidad del estado de derecho, aumento en los niveles de inseguridad e impunidad, cambios en las reglas y políticas y mensajes erráticos por parte de la autoridad han propiciado una disminución de los flujos de inversión privada, que reducen el potencial de crecimiento de México”, acotó el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Los analistas de la Iniciativa Privada mencionaron que el hecho de que el crecimiento económico provenga principalmente de la capacidad de invertir del sector privado hace indispensable un ambiente de negocios en el que las empresas tengan plena certeza jurídica, de seguridad y de reglas claras y permanentes para canalizar mayores recursos en busca de hacerse más productivas y competitivas.

“Sólo de esta manera se fortalece la capacidad de ampliar el aparato productivo y la posibilidad de una mayor generación de empleos mejor remunerados”, abundó.

El CEESP refirió que la inversión privada acumuló cuatro trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas, lo que propició que su participación en el PIB total también se redujera para ubicarse en 16.8%, siete décimas por debajo del porcentaje del mismo periodo del año previo, datos basados en el Inegi.

No obstante, como proporción de la inversión total, la privada se ubicó en 86.4%, superior en 1.3 puntos porcentuales respecto al año anterior, debido a una disminución mayor en la inversión pública, reflejando los constantes recortes de gasto para este rubro.

Resulta esencial promover la capacidad que tiene el sector privado para generar riqueza, vía mejores políticas públicas que generen un entorno de negocios más competitivo y amigable: entre más productivas sean las empresas, mayores aportaciones al gobierno vía impuestos.