Estas regiones fueron las únicas del país que presentaron variaciones positivas en el sector contratante de la construcción.
Sur-sureste y occidente fueron las únicas regiones del país que mostraron crecimientos en el valor de producción de la obra pública durante los primeros 10 meses del presente año.
A nivel nacional, este sector contratante de la construcción presentó su caída más pronunciada desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene registros actualizados de su base de datos (2006).
La contracción de la obra pública en toda la República Mexicana derivó, principalmente, de la baja en inversión física presupuestaria y, en algunas regiones, por la apuesta a refinanciar la deuda estatal en lugar de destinar los financiamientos a inversión pública productiva.
De acuerdo con información del Inegi, en el periodo enero-octubre del 2019, el valor de la construcción del sector público en el país ascendió a 110.167 millones de pesos (US$5.825 millones), que significó un desplome de 19.1% a tasa anual real. Por región, solamente sur-sureste y occidente exhibieron incrementos, cada uno con una variación de 1,9%.
En el caso del sur-sureste, sólo registraron aumentos en obra pública Yucatán (99,1% —segundo lugar nacional—), Campeche (46,9% —tercera posición—) y Tabasco (9,5%).
Una de las estrategias del gobierno de Mauricio Vila Dosal para enfrentar los recortes presupuestales de la Federación es la inversión pública. Por ejemplo, en el 2020 se contemplan 3.263 millones de pesos (US$172,5 millones) en el Presupuesto de Egresos, 167.9% más respecto al 2019 y 87.5% más en relación al 2018.
A esto se suma que, de los 2.789 millones de pesos (US$147,4 millones) de financiamientos inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 94.0% se destinó a inversión pública productiva.
Por su parte, las administraciones de Campeche (liderada por Carlos Miguel Aysa González) y de Tabasco (Adán Augusto López Hernández), además de destinar recursos a obra pública, parten de una base baja de comparación por la merma económica que sufrieron debido a la crisis del sector petrolero (bajos niveles del precio del crudo y disminución de la producción de hidrocarburos), por lo que sus tasas de crecimiento son elevadas.
Es importante recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene como prioridad rescatar al sur-sureste, por lo que se le asignaron grandes proyectos: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se añaden la refinería de Dos Bocas y el Pacto Oaxaca.
Si bien el sur-sureste creció en obra pública, aún los proyectos y programas de la Federación no permean en toda la región, destacando las caídas en Veracruz (3.2%), Oaxaca (34.9%), Chiapas (42.8%), Guerrero (44.4%) y Quintana Roo (47,2%).
La otra noticia positiva. Occidente fue la otra región que mostró un aumento en el valor de producción de la obra pública durante los primeros 10 meses del 2019, con un incremento de 1.9% anual, en términos reales.
Los estados con variaciones positivas fueron Colima (238.8% —líder nacional—) y Nayarit (13.9%), mientras los descensos se dieron en Michoacán (25.4%) y Jalisco (44.2 por ciento).
Los esfuerzos de Colima, comandado por José Ignacio Peralta Sánchez, se concentraron en obras viales, de infraestructura en el puerto de Manzanillo, en el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia y parques y espacios deportivos, entro otras acciones.
En Nayarit, liderado por Antonio Echevarría García, se enfocó, particularmente, en pavimentación municipal, ejes interestatales y la detonación con diferentes obras en Bahía de Banderas.
Cimientos quebrados. Al otro extremo, disminuyeron en obra pública Bajío (10.4% anual real), frontera norte (15.5%), centro norte (34.3%) y centro (37.1 por ciento).
Llama la atención el Bajío, motor económico del país en los últimos años, aunque esta contracción pretende compensarla con la plataforma de desarrollo económico denominada Alianza del Centro-Bajío-Occidente Guanajuato (San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco), y la frontera norte, beneficiada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el programa de zona libre (reducción del IVA a 8% y del ISR a 20%, así como el aumento al doble del salario mínimo y la homologación de precios de los combustibles con los de Estados Unidos).
En el centro norte, todos sus integrantes presentaron contracciones: Sinaloa de 14.9%, Durango de 16.8%, Zacatecas de 17.7% y Baja California Sur de 78.6%; no obstante, estas entidades se apoyan más en la inversión privada.
El centro del país sobresale debido a que concentra más de una cuarta parte del valor total de la producción de este sector contratante de la construcción (29.167 millones de pesos (US$1.542 millones) de un total nacional de 110.167 millones (US$5.825 millones) en el periodo enero-noviembre del 2019).
Sin embargo, hubo excepciones en algunas regiones. En el norte crecieron Chihuahua (19.2%), Coahuila (8.6%) y Tamaulipas (7.5%); en el Bajío, Guanajuato (5.2%), y en el centro, Tlaxcala (32.4%) y Puebla (3.6%), demostrando esfuerzos por inyectar recursos locales en obras.
Motivos. El desplome del sector público en México fue producto, principalmente, de la baja en inversión física presupuestaria (erogaciones destinadas para obra pública y adquisiciones), que en los primeros 10 meses del año se contrajo 13.5% a tasa anual real.
Según cifras de la SHCP, en los últimos cinco años solamente se mostró un incremento (5.0% en el 2018).
Otro motivo de esta situación fue el peso del refinanciamiento en la contratación de deuda estatal.
Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observa que, de los 116.831 millones de pesos (US$6.177,2 millones) de financiamientos contratados al cierre de la primera quincena de diciembre del 2019, 54.6% se destinó a refinanciamiento, 28.0% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 15.2% a inversión pública productiva y 2.2% al binomio inversión pública productiva/refinanciamiento.
En igual lapso del 2018 y del 2017, el refinanciamiento también fue el primer destino de la deuda, con 66.5 y 84.3% de los montos totales en cada año, respectivamente; en el 2016, la inversión pública productiva presentó la mayor participación en la adquisición de obligaciones, con 61,2%.
El refinanciamiento es la contratación de uno o varios financiamientos, cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados, es decir, no ofrecen un impacto económico y social al pagar deuda adquiriendo más deuda.
Las ventajas del refinanciamiento son las mejoras en las condiciones de mercado, como una menor tasa de interés, que reduciría el costo financiero; en la mayoría de estos procesos aumenta el plazo de pago (se hereda la deuda a las siguientes administraciones).
El concepto de cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal se refiere al pago de sueldos, nóminas a proveedores, compromisos contractuales y costo financiero, principalmente.
Estos dos rubros no aportan un incentivo a la actividad económica, como sí lo hace la inversión pública productiva, que se define como toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.
