Medellín. El Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda presentada en enero por Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra contratistas de Hidroituango y pidió realizar correcciones de “forma, que son subsanables”, informó la compañía mediante un comunicado.

La empresa tiene diez días para hacer las correcciones y volver a presentar la acción judicial contra los contratistas. “La organización tiene 10 días hábiles, contados a partir del viernes 12 de marzo de 2021, para subsanar los puntos de forma a los cuales hace referencia el Tribunal Administrativo de Antioquia”, explicó EPM.

Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, escribió en su cuenta de Twitter que se trata de un “trámite frecuente en este tipo de demandas. EPM tiene 10 días hábiles para realizar dichos cambios”.

La demanda fue presentada por la empresa, el martes 12 de enero, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. “En el caso de los consorcios por $9,9 billones (US$2.780 millones), y ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, partiendo de la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros, por un monto de $5,5 billones (US$1.540 millones)”, explicó la compañía mediante un comunicado.

La demanda por $9,9 billones (US$2.780 millones) contra los diseñadores, constructores e interventores del proyecto hidroeléctrico, la más alta de la historia por parte de una entidad pública, es consecuencia de la emergencia desatada en el proyecto en abril de 2018, contingencia que puso en riesgo la estabilidad del proyecto, representó costos multimillonarios, un lucro cesante y un retraso en la puesta en marcha del proyecto (que estaba prevista para noviembre de 2018 inicialmente).

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, escribió en su cuenta de Twitter que se trata de un “trámite frecuente en este tipo de demandas. EPM tiene 10 días hábiles para realizar dichos cambios”.

El pasado 8 de enero, EPM informó que concluyó, sin éxito, la conciliación con los contratistas de Hidroituango. La conciliación, a instancias de la Procuraduría General de la Nación, tenía cinco meses de plazo. Tras cumplir el tiempo y no llegar a acuerdos, la empresa continúo con la demanda.

Según señaló EPM en su momento, al concluir el plazo “improrrogable de los cinco meses otorgados por la ley para la ocurrencia de la conciliación prejudicial, se declaró surtida la misma sin obtener el resarcimiento esperado, especialmente de la compañía Mapfre”.

El anuncio del inicio de las acciones legales contra los contratistas de Hidroituango motivó en agosto de 2020 la renuncia de la junta directiva de EPM. Los hoy exmiembros indicaron que si bien es necesario proteger el patrimonio de la empresa, la junta directiva no conoció ni participó en el análisis para adelantar las acciones legales contra contratistas y compañías de seguros del proyecto.

Acto seguido, también en agosto, los constructores, CCC Ituango, conformado por las empresas colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón y la brasileña Construções e Comércio Camargo Corrêa, se defendieron argumentando que no hubo fallas que pudieran recaer sobre sus obligaciones contractuales; por esta razón, no sólo hizo un llamado a que EPM retirara sus acusaciones, sino que también criticó que el grupo empresarial fuera más allá del ámbito de la controversia judicial e hiciera estos señalamientos “de manera pública y ostentosa”.

Días después, el alcalde entregó a la Fiscalía un informe hecho por la rma Advanta sobre la emergencia ocurrida en Hidroituango en 2018. Según el funcionario dicho documento, que endilga responsabilidades alrededor del colapso del túnel de la hidroeléctrica, fue ocultado por la administración anterior.