El economista y ex ministro durante el gobierno de Rafael Correa, Andrés Arauz, vaticina que habrá un fuerte retorno al gasto fiscal en políticas públicas de quien llegue al poder, para romper con el plan vigente de austeridad implementado por el presidente Lenín Moreno y respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

QUITO. Los votantes ecuatorianos que lidian con economía maltrecha se inclinarían por el regreso al socialismo en las elecciones presidenciales de febrero, ya que la nostalgia por tiempos mejores bajo el gobierno del izquierdista Rafael Correa ha empujado a su protegido a la delantera.

El economista Andrés Arauz, de 35 años y ex Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante el gobierno de Correa, promete un retorno al fuerte gasto social para poder romper con un plan vigente de austeridad respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ha vuelto más doloroso por la pandemia del coronavirus.

Su plan alteraría drásticamente el curso trazado por el presidente Lenín Moreno, un exaliado de Correa, cuyas reformas orientadas al mercado no pudieron impulsar en los últimos cuatro años a una economía dolarizada y dependiente del petróleo.

Arauz promete un bono de US$ 1.000 a un millón de familias pobres en la primera semana de Gobierno para reactivar el consumo y dinamizar la economía y a los jóvenes, asegurarles un trabajo en el sector privado con el pago de la mitad de su nómina por parte del Estado.

La mayoría de las últimas encuestas muestran a Arauz a la cabeza para las elecciones generales del 7 de febrero, aunque los expertos en opinión pública creen que no obtendría suficientes votos para evitar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 11 de abril.

Su principal rival es el banquero conservador Guillermo Lasso, quien está haciendo de su tercera candidatura presidencial una plataforma para impulsar la inversión extranjera y aumentar la producción de petróleo.

El candidato indígena Yaku Pérez, que ocupa el tercer lugar en las encuestas, propone llamar a una consulta popular para prohibir la actividad minera y limitar las nuevas concesiones para la producción de petróleo.

"Lo que está haciendo esta elección es recreando los 10 años del gobierno de Correa. Reviviendo el tema del banquero y el empresario frente al tema de ir hacia Venezuela", dijo Blasco Peñaherrera de la firma encuestadora Market. "Se están vendiendo ilusiones y miedos", advirtió.

Moreno, que no busca otro mandato, fue elegido en 2017 con la expectativa de que continuaría con las políticas de Correa. Pero los dos rápidamente se pelearon cuando el mandatario acusó a su predecesor de corrupción y de acumular deudas de manera irresponsable.

Buscó nuevos acuerdos comerciales, alianzas con el sector privado y un amplio impulso para desarrollar el sector minero, pero la economía nunca despegó.

Y sus esfuerzos por equilibrar el presupuesto en 2019 mediante la eliminación de subsidios a los combustibles, llevaron a una semana de protestas violentas que lo obligaron a dar marcha atrás.

Además buscó unos US$ 6.500 millones en financiamiento del FMI que requirió dolorosas medidas para apretarse el cinturón. En 2020 la pandemia dejó las morgues desbordadas y los negocios cerrados durante meses.

Ecuador ahora estima que más de 2 millones de personas cayeron en la pobreza por efectos de la pandemia y cerca de 523.000 estaban desempleados en septiembre.

Es precisamente el escenario que favorece la retórica de Correa, quien pasó años arremetiendo contra el FMI y cuya tesis de doctorado en economía en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign se centró en el daño causado por el ajuste económico estructural.

Arauz promete que Correa, que vive en Bélgica, será uno de sus principales asesores si gana las elecciones. El expresidente tiene prohibido estar en la papeleta presidencial porque fue condenado a ocho años de prisión por violar leyes de financiamiento de sus campañas entre el 2012 y 2016.

Incluso Lasso, a quien los votantes siguen obstaculizando por su imagen de empresario conservador, ha cuestionado partes del plan de austeridad, insistiendo en que no aumentará el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como recomendó el FMI.