La Paz. La policía de Bolivia arrestó este miércoles al ministro de Salud, Marcelo Navajas, como parte de las investigaciones por la compra sobrevalorada de 179 ventiladores españoles para pacientes con COVID-19, informó un jefe de la institución.

Navajas "se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la ciudad de La Paz", dijo el comandante de la unidad, coronel Iván Rojas, un día después de que la presidenta boliviana Jeanine Áñez ordenara investigar la cuestionada compra por "posible corrupción".

El jefe policial no dio mayores detalles de los actos investigativos, pero puntualizó que hay varias personas aprehendidas y citadas para declarar.

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, negó este martes la existencia de un sobreprecio en la adquisición de los respiradores por un valor de US$27.683 cada uno. La empresa española GPA Innova que proveyó los equipos precisó en el programa “Antes de mediodía”, que cada equipo tiene un costo de fábrica de US$7.194, sin contar los precios de distribución.

Giovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), que también ha sido detenido este miércoles, aseguró la noche de este martes que el país adquirió los ventiladores por menor precio en comparación con Brasil y Chile.

A ello se suma que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un comunicado en el que aclara que dio su “no objeción” a la compra por pedido de Pacheco. 

Tras la detención, la presidenta encargada de Bolivia, Jeanine Áñez decidió “apartar” a Marcelo Navajas del Ministerio de Salud, y en su lugar, fue designada Eidy Roca como ministra interina.

Roca fue hasta este miércoles viceministra de Salud y Promoción, y se encargaba, entre otros asuntos, de la elaboración de los mapas de riesgo de la epidemia del nuevo coronavirus.

El responsable "lo va a pagar". Entretanto, el ministro de Justicia reiteró que la presidenta interina, Jeanine Áñez, pidió que se llegue hasta el fondo de este caso.

"La instrucción de la Presidenta y de este Gobierno es que más allá de cualquier tipo de corrupción se debe investigar desde el primero hasta el último y si alguien tiene que pagar por esto, sea ministro, sea director o sea viceministro, lo va a pagar", dijo Coimbra, según informa la agencia estatal ABI.

Por el momento, precisó, se está investigando a quienes participaron en el proceso de adquisición, lo que incluye a los asesores, técnicos que elaboraron informes y autoridades que firmaron el contrato, pero si la máxima autoridad ejecutiva "también tiene alguna responsabilidad, tengan la seguridad que será investigada".

*Con información de La Razón y Europa Press.