El estudio sobre la Corrupción en América Latina y el Caribe, de Transparencia Internacional (TI), revela que más de la mitad de todos los ciudadanos sostienen que la corrupción está empeorando en su país y que su Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra este fenómeno.
La nueva edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, publicado por Transparencia Internacional, revela que la mayoría de los ciudadanos sostienen que sus Gobiernos no hacen lo suficiente para abordar la corrupción y que los niveles de corrupción aumentaron en los últimos 12 meses en toda la región.
"La corrupción dificulta el crecimiento económico y en algunos casos, incluso priva a las personas de sus derechos humanos y dignidad, como cuando se ven obligadas a realizar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos", destaca la décima edición del barómetro de TI, realizado a partir de entrevistas a 17.000 ciudadanos de 18 países de la región entre enero y marzo de 2019.
La investigación revela que más de la mitad de todos los ciudadanos sostienen que la corrupción está empeorando en su país y que su Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra este fenómeno. "Solo el 39% de los encuestados cree que su Gobierno está haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción, mientras que más de la mitad de ellos (57%) consideran que su Gobierno está teniendo un mal desempeño en ese aspecto".
En este ítems, Venezuela aparece con la mayor percepción de que la corrupción ha aumentado con 87%, seguido por República Dominicana y Perú, con 66% y 65% respectivamente. Contrario a ellos, México, Barbados y Guyana, son los países donde los ciudadanos ven menos aumento de la corrupción.
Respecto a si la corrupción en el Gobierno es un problema en su país, la gran mayoría de personas en la región (85%) afirmó que es un problema grave. Solo el 13% sostuvo que la corrupción no es un problema o es un problema menor. Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es un problema grave (96% y 94%, respectivamente).
Los niveles de confianza en el Gobierno y las instituciones siguen siendo considerablemente bajas. Barbados y Guyana son los únicos dos países donde la mayoría de los ciudadanos confían en el Gobierno, los tribunales y la policía. En Venezuela, El Salvador, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, el 90% o más de los ciudadanos afirman tener poca o ninguna confianza en estas instituciones.
El Barómetro también revela que algunas de las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas por la corrupción. En este caso, las mujeres aparecen como las más propensas a pagar sobornos por los servicios de salud y la educación pública. "Uno de cada cinco ciudadanos experimentaron extorsión sexual, o sextorsión, cuando accedieron a un servicio público, o bien conocen a alguien que pasó por esta situación".
Los datos también destacan la compra de votos, las amenazas de represalia si los ciudadanos no votan de determinada manera y la difusión de noticias falsas. A pesar de esto, el Barómetro aumenta las esperanzas de que se produzca un cambio positivo. El 77% de los ciudadanos sostienen que pueden ayudar a detener la corrupción.
CASOS DE ESTUDIO
República Dominicana. Muchos ciudadanos sostienen que la corrupción está aumentando en la República Dominicana, y recientes investigaciones confirman esta percepción. Participación Ciudadana, el capítulo de Transparency International en ese país, publicó varios informes, que revela que en más de 300 casos de corrupción entre 1983 y 2013 solo se produjo una condena. El caso más embloemático, es el escándalo Lava Jato.La empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado unos US$92 millones en sobornos solo en la República Dominicana. A pesar de ello, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la compañía que le permitió continuar operando en República Dominicana a cambio de una multa. Hasta la fecha, nadie tuvo que rendir cuentas por ese caso.
Brasil. En los últimos ocho meses, el marco anticorrupción de Brasil recibió una serie de golpes. El presidente Jair Bolsonaro intentó ampliar el alcance de la información clasificada para reducir la transparencia y ha prestado poca atención a las acusaciones de corrupción presentadas contra miembros de su gabinete. La independencia y la autonomía de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley también están en riesgo. Las nominaciones para puestos clave, incluso en los Ministerios Públicos, la Policía Federal, la Oficina Tributaria Federal y la Dependencia de Inteligencia Financiera, fueron objeto de una intensa presión política.
Por otra parte, el Tribunal Supremo dictaminó que algunos casos de corrupción deberían presentarse ante los tribunales electorales, que se consideran totalmente incapacitados para llevar a cabo investigaciones exhaustivas en causas penales complejas. Esto sugiere que pronto podría disminuir la confianza de los ciudadanos en la habilidad del Gobierno para frenar y prevenir la corrupción.
Venezuela. Este país está experimentando una extraordinaria crisis humanitaria, en parte como resultado de niveles sin precedentes de gran corrupción y malversación de fondos. Miles de millones de dólares de dinero público se han canalizado al exterior, y más de 20 países han abierto investigaciones judiciales sobre el presunto mal uso de los fondos venezolanos. De acuerdo con la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, en las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se malversaron unos US$400.000 millones.
Un dato que destacael Barómetro Global de la Corrupción, es que, si bien el 87% de los venezolanos sostienen que la mayoría o todas las personas de la oficina del presidente son corruptas, solo el 38% de ellas piensan que la mayoría o todos los parlamentarios son corruptos.
Chile. En el 2017, las autoridades chilenas descubrieron uno de los escándalos más grandes de corrupción en la historia de la policía. Los Carabineros de Chile, orquestó un fraude a gran escala que duró más de 10 años y ascendió a más de US$39 millones. Lo que comenzó como una alerta, se convirtió en el descubrimiento de fondos ilícitos que involucraban a más de 40 funcionarios. A pesar de los índices bajos de corrupción policial que se habían registrado en Chile, incluidos los índices de soborno históricamente bajos, el escándalo dejó al descubierto graves fallas institucionales, lo que socavó la confianza de los ciudadanos en la policía.
Perú. El género y la corrupción están muy relacionados en el Perú. Una encuesta nacional del 2012 a cargo de Proética, el capítulo de Transparency International en Perú, destaca que más de la mitad de los ciudadanos sostienen que la corrupción tiene un mayor impacto en los programas que benefician a las mujeres, mientras que casi la mitad de los ciudadanos piensan que, en comparación con los hombres, es menos probable que se tomen con seriedad las denuncias de corrupción realizadas por las mujeres.
La encuesta subraya que los ciudadanos consideran que a las mujeres que pagan sobornos se les suele pedir dinero o favores sexuales a cambio de servicios públicos, en tanto que a los hombres es más probable que les pidan dinero o bienes materiales. En la práctica, varias causas judiciales involucran a funcionarios de la justicia que prometen ayudar a las mujeres litigantes con sus causas a cambio de favores sexuales. Estos casos se enjuician cada vez más como casos de soborno conforme al marco penal peruano.
Guatemala. A mediados del 2018, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, estuvo involucrado en un importante caso de extorsión sexual, en el cual el exministro de Relaciones Exteriores y analista político, Edgar Gutiérrez, acusó al presidente de abusar sexualmente de al menos 10 mujeres. Si bien la oficina del Ministerio Público inició una investigación, el caso al final fue desestimado por motivos que aún no son claros.
Esta historia es demasiado habitual en Guatemala. Algunos funcionarios públicos se aprovechan de su cargo y autoridad para exigir favores sexuales a los empleados o beneficiarios del Estado. Del 2008 al 2017, se registraron cerca de 478.000 casos de violencia contra las mujeres en el sistema judicial. De estos casos, más de 472.000 se remitieron a los abogados de la oficina del Ministerio Público para someterlos a investigación. Sin embargo, solo un 3,5% de los casos se procesaron, mientas que el 96,5% restante nunca se envió a los tribunales.
Colombia. La compra de votos es una práctica perjudicial que atenta contra la integridad política en este país. La compra de votos, por lo general, ocurre en áreas donde el acceso a los bienes y servicios es limitado o controlado por líderes políticos tradicionales. Los operadores corruptos ofrecen regalos o beneficios a los ciudadanos o ejercen presión sobre los votantes de otras maneras, incluso empleando tácticas de miedo para obligar a los ciudadanos a votar por un candidato específico. Este fenómeno aumenta los costos ocultos de las campañas políticas, lo que hace que se dificulte vigilar el financiamiento político.
En el 2017, se aprobaron nuevas leyes para aumentar las sanciones contra la compra de votos, incluida una pena de cárcel de hasta ocho años, pero la práctica aún representa un riesgo para el sistema político.
Panamá. La práctica de compra de votos por parte de los políticos y sus partidos en Panamá también está minando la confianza entre los ciudadanos. A pesar de tener uno de los ingresos per cápita más altos de la región, existen profundas disparidades en la igualdad y la distribución de la riqueza. Estas condiciones generan vulnerabilidad, que es aprovechada por los políticos.
Una auditoría de la Contraloría publicada en abril del 2019 confirmó la existencia de dos nóminas secretas, financiadas con dinero de los contribuyentes, que los legisladores destinaron para contratar agentes políticos y familiares, bajo el disfraz de promotores culturales o deportivos comunitarios, con el objetivo de promover candidatos específicos.
Leve optimismo. Los resultados de la última edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe demuestran que los ciudadanos están preocupados por la corrupción pero son optimistas respecto al papel que desempeñan para combatirla.
Un promedio del 77 % de los ciudadanos piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. "Esta energía positiva se puede canalizar empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien los casos de corrupción y tomen medidas contra ellos", destaca el estudio.
Además, Transparencia Internacional recomienda una serie de acciones para avanzar en la lucha contra este flagelo. Una de ellas, es promover una mayor integridad política, en especial en época de elecciones, así como mejorar la transparencia del financiamiento político. También pide trabajar para disminuir los factores que propician los sobornos y fortalecer las instituciones judiciales.
Empoderar a los ciudadanos y organizaciones a denunciar la corrupción es un aspecto importante según destaca TI. Finalmente, recomiendan adoptar el Compromiso de Lima firmado en la VIII Cumbre de las Américas, que describe 57 medidas para fortalecer la gobernanza democrática en la lucha contra la corrupción.
