Río de Janeiro. En su primera aparición pública tras ganar la segunda vuelta electoral a la Presidencia de Brasil, este último domingo, Jair Bolsonaro prometió que cumpliría con todos los puntos que había en su programa electoral, aunque para ello necesitará ganarse un Congreso que en anteriores ocasiones ha demostrado a los mandatarios brasileños que puede arruinar todos sus planes.

Algunas de las promesas más polémicas del programa electoral del presidente electo de Brasil, como flexibilizar la posesión de armas de fuego, reducir la edad penal, acabar con las salidas temporales de los presos, privatizar las empresas estatales o reducir el número de ministerios, no podrán llevarse a cabo sin el apoyo del Congreso, algo que en principio, no será tan fácil de lograr.

La formación con más representantes en la Cámara de Diputados será el Partido de los Trabajadores (PT), opositor total a Bolsonaro. El Partido Social Liberal (PSL), la formación del futuro presidente, será la segunda con 52 diputados. Ya el Demócratas (DEM), que se perfila como el mayor aliado del gobierno, contará con 43 votos en la Cámara Baja.

Ello significa que entre PSL y DEM, Bolsonaro apenas tendrá garantizados 95 diputados, o el 19% de toda la Cámara de Diputados. En el otro extremo, al menos 148 diputados de ocho partidos distintos, liderados por el PT, deben hacer oposición al nuevo gobierno.

Si quiere flexibilizar la ley de desarme Bolsonaro necesitaría aprobar un proyecto de ley en el Congreso. Para reducir la mayoría de edad penal de los 18 a los 16 años necesita una propuesta de enmienda a la Constitución, algo que exige 3/5 partes del los parlamentarios.

En el Senado, la nueva composición tampoco es muy favorable a Bolsonaro: el PSL logró cuatro senadores y el DEM, seis. Los diez senadores que suman entre los dos representan únicamente el 12 por ciento del total, con lo que el nuevo presidente estará obligado a buscar apoyo si quiere sacar adelante sus propuestas.

Hasta ahora la política brasileña se ha basado en recibir apoyo a base de distribuir cargos, ya sea en el gobierno o en órganos federales. Sin embargo, Bolsonaro ha dejado muy claro en varias ocasiones que no daría cargos a cambio de tener apoyo político.

Para el coordinador de Administración Pública de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Marco Antonio Teixeira, es muy poco probable que Bolsonaro pueda gobernar sin distribuir cargos. "Lo veo difícil. La racionalidad política en Brasil ha hecho que todos los presidentes de la república hagan una composición del gobierno, o sea, traigan cuadros de los más diferentes partidos para tener así una mayoría parlamentaria", comentó.

Si quiere flexibilizar la ley de desarme Bolsonaro necesitaría aprobar un proyecto de ley en el Congreso. Para reducir la mayoría de edad penal de los 18 a los 16 años necesita una propuesta de enmienda a la Constitución, algo que exige 3/5 partes del los parlamentarios, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, y en dos votaciones.

Para acabar con las salidas temporales de los presos y la progresión de la pena precisa de la aprobación del Congreso, lo mismo que para la venta de cualquier empresa estatal. Bolsonaro dijo que quiere vender empresas públicas, aunque no especificó cuales.

Otro punto muy importante en esta nueva legislatura brasileña será la reforma de la seguridad social, apuntada como necesaria para sanear las maltrechas cuentas públicas. Bolsonaro prometió aumentar la edad mínima para la jubilación de los servidores públicos de los 60 a los 61 años, aunque para ello necesitará también los votos a favor de tres quintas partes del Congreso.

La misma cantidad de votos la necesitará para acabar con la reelección a la Presidencia y disminuir el número de parlamentarios, otro de sus compromisos en esta campaña electoral.

A todo ello, hay que sumarle otro obstáculo: todas las enmiendas a la Constitución, además de necesitar tres quintas partes de los votos del Congreso, no pueden ser votadas mientras haya una intervención federal en alguna unidad del país.

Desde febrero del año pasado, el estado de Río de Janeiro, el más emblemático de Brasil, se encuentra bajo una intervención federal que busca acabar con la ola de violencia que azotaba la región.

Con la intervención, el Ejército pasó a sumir la cartera de Seguridad Pública en Río de Janeiro. La intervención termina el próximo 31 de diciembre, aunque el nuevo gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, aliado de Bolsonaro, ya ha dejado entrever que pedirá mantenerla.