Quito. Con orden de localización y captura están el ex presidente Rafael Correa y otros exfuncionarios de su gobierno, según un comunicado difundido por la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones de la Policía Nacional.

El comunicado fue confirmado este sábado a El Universo por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

En el mismo oficio, remitido el 14 de agosto pasado, se dispone a los jefes de la Policía Judicial, subzonas y unidades especializadas a nivel nacional la localización y captura de Vinicio Alvarado, Walter Solis, Yamil Massuh y boleta de encarcelamiento para el ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, quien guarda prisión en Latacunga.

La jueza Daniella Camacho dispuso el pasado 8 de agosto la prisión preventiva contra estos ex funcionarios, investigados en el caso Sobornos 2012-2016. Alvarado y Solis fueron funcionarios en el gobierno de Correa, mientras que Massuh fue asesor de la exministra María de los Ángeles Duarte.

En el mismo oficio se dispone a los jefes de la Policía Judicial, la localización y captura de Vinicio Alvarado, Walter Solis, Yamil Massuh y boleta de encarcelamiento para el ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra en prisión.

La jueza Camacho determinó que se oficie a la Policía y a la Interpol para que procedan a la captura de Correa, Solís, Alvarado y Massuh quienes están en Bélgica, Venezuela y Estados Unidos, respectivamente.

Correa y Solís están prófugos de la justicia por secuestro y peculado, respectivamente. Glas ya cumple una condena de seis años en la cárcel de Latacunga por el caso Odebrecht.

La jueza aseguró que la Fiscalía presentó elementos de convicción suficientes para presumir que los exfuncionarios y empresarios señalados tuvieron participación en lo que la fiscal general Diana Salazar calificó de una "bien estructurada organización delictiva" que "lideraba"  Correa.

Los delitos que se persiguen en este caso son cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, todos con pena mayor a un año de prisión. Este fue uno de los elementos mencionados por la jueza para considerar que la medida de prisión preventiva es legal, constitucional y legal y que cumple todos los requisitos legales y los parámetros internacionales para su adopción.