El Tribunal de Apelación de Escocia declaró este miércoles "ilegal" la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido en el período previo a la salida del país de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre.

Los tres jueces que componen la corte de apelación de mayor rango de Escocia revocaron así un fallo anterior, emitido a principios de septiembre y que había dictaminado que el cierre sí se ajustaba a la legalidad.

El Gobierno británico ya ha anunciado que apelará contra esta decisión y está previsto que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, celebre una vista para evaluar este caso y otro presentado por la activista anti brexit, Gina Miller, el 17 de septiembre en Londres.

Los magistrados del Tribunal de Apelación de Escocia, presididos por Lord Carloway, se pronunciaron así sobre la demanda presentada por un grupo 75 diputados británicos, que pidió se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes, cierre que se inició este martes y que durará hasta el 14 de octubre.

Los partidos de la oposición -con el respaldo de un grupo de 21 diputados conservadores descontentos con la gestión de su gobierno- aprobaron la semana pasada una ley que obliga a Johnson a pedir una prórroga del "brexit" si no llega a un acuerdo con la UE el 19 de octubre, de forma que se evite una ruptura no negociada.

Los parlamentarios que se querellaron contra el gabinete conservador consideran que el objetivo de Johnson es silenciar al Parlamento con la estrategia de clausurarlo de cara al brexit.