Ya todos lo saben en Venezuela y por eso no dan crédito a ninguna intención de diálogo que proponga el gobierno de Nicolás Maduro. Cada vez que la presión crece, el mandatario propone acercamientos. El sábado en la noche repitió el libreto: ante el creciente rechazo internacional a su segundo período presidencial y el desafío que lanzó la Asamblea Nacional (AN) al desconocerlo y convocar al pueblo a cabildos abiertos para recuperar la democracia y promover un “gobierno de transición”, Maduro dijo que “el conflicto, el desconocimiento mutuo que mantiene su gobierno con la oposición es estéril”, y reiteró un llamado a destrabar el diálogo.

“Que cese la diatriba y el conflicto estéril, inútil e innecesario. Hay una diatriba (...) que trata de escalar hacia una situación de confrontación total en Venezuela”, dijo Maduro durante una reunión con representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas.

El domingo, en horas de la mañana, Juan Guaidó, presidente del Parlamento y quien dijo estar respaldado por la Constitución para asumir la Presidencia de Venezuela, fue detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (Sebin). Tras más de 20 minutos en manos de los funcionarios de ese desprestigiado organismo (en sus manos murió el diputado Fernando Albán en 2018), Guaidó fue dejado en libertad. El presidente de la Asamblea Nacional se dirigía a un cabildo abierto en el estado de Vargas, en donde se definirían pasos para la gran marcha nacional del 23 de enero, convocada por el líder opositor el pasado viernes.

¿Y las buenas intenciones de Maduro? Duraron apenas un par de horas, como en otras ocasiones. Porque el chavismo tiene un recetario que usa con la oposición. “Cuando un cargo relevante o estratégico cae en manos de la oposición, le retiran funciones, le quitan el presupuesto, lo inhabilitan y le hacen una fuerte persecución judicial”, explicó a El Espectador el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.

Para William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Guaidó está en una situación difícil, con poco margen de maniobra. El estadounidense dijo durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington que “Guaidó está muy, pero muy restringido en lo que se le va a permitir hacer dentro de Venezuela”, y argumentó que si cruza cualquier línea roja puede terminar en prisión.

Le pasó al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien logró hacerse con la Alcaldía de la capital en 2008 y fue destituido, vigilado y acosado por el chavismo hasta que lo pusieron en 2015 en prisión domiciliaria. Ledezma huyó del país por la frontera con Colombia en noviembre de 2017 y hoy está exiliado en Madrid. El líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, fue condenado a 13 años de prisión. Al excandidato presidencial Henrique Capriles le abrieron una investigación y lo inhabilitaron para competir en las urnas. A Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, lo capturaron y lo mandaron a la cárcel del Helicoide. A Daniel Smolansky, alcalde del municipio de El Hatillo, le emitieron orden de captura por sus frecuentes acusaciones contra Maduro y hoy vive también en el exilio. Julio Borges, expresidente del Parlamento, debió huir del país tras ser acusado de planear un golpe y un intento de asesinato contra el mandatario venezolano, y Juan Requesens, a quien Maduro culpó de haber organizado un atentado con drones en agosto de 2018 en Caracas, fue detenido.

No son los únicos casos. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, 250 personas están presas en ese país por asuntos políticos. De ellas, 177 son civiles y 73 militares.

Por eso lo que pasó con Guaidó no sorprende. De hecho, el mismo chavismo lo advirtió el viernes, cuando el presidente de la AN dijo que la Constitución le daba la legitimidad para ejercer la Presidencia de la República de manera interina. A los pocos minutos de la declaración, en la que pidió el apoyo de los militares y la ciudadanía, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, lanzó la amenaza: “Guaidó, ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente tu gabinete para saber quiénes te van a acompañar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Nada raro, pues el chavismo se aseguró a través de estos años de dejar a la oposición sin herramientas para defenderse. El año pasado la Asamblea Constituyente les retiró la inmunidad a los diputados de la Asamblea Nacional, a la que también declaró en desacato. Algo ilegal, según el constitucionalista Juan Manuel Raffalli. Pero eso al chavismo no le importa.

“Desde hace un año, la Mesa de Unidad Democrática que unía a los opositores se dividió. La mayoría de las figuras visibles habían sido blanco del recetario de Maduro en su contra y terminaron en el exilio, presas, políticamente inhabilitadas o las tres. Sin embargo, el surgimiento de un nuevo movimiento, el Frente Amplio para una Venezuela Libre, una plataforma que agrupa partidos, sindicatos y organizaciones civiles opositoras, no le gustó a Maduro, que arreció la persecución a sus críticos”, explicó a este diario Ronal Rodríguez.

Sebin, ¿una rueda suelta? Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones y miembro del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que la detención de Guaidó fue hecha por funcionarios del Sebin que actuaron “por cuenta propia” para “prestarse a un show que incluía medios de Estados Unidos y Colombia”. Rodríguez dijo que los miembros del Sebin fueron destituidos y serán investigados.

De hecho, de acuerdo con Marcos Hernández, exdirector de comunicación del ministerio de Interior y Justicia, fuentes dentro del Servicio de Inteligencia le confirmaron que la decisión de detener a Guaidó provino de "un comisario general de mucha jerarquía".

Creado en 2009 por Hugo Chávez para reemplazar a la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es uno de los cuerpos represores más activos en detención y custodia de opositores políticos en Venezuela. Aunque, según el decreto de junio de 2009, el órgano pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, toda la cúpula de poder que rodea a Maduro tiene injerencia en este organismo.

De hecho, el Sebin se ha encargado en los últimos años de realizar allanamientos sin orden judicial a casas y oficinas de miembros de la oposición, de periodistas y ciudadanos que, sin ser miembros de alguna organización política, se oponen al régimen venezolano.

Con 36 sedes nacionales, incluyendo las dos principales en Caracas —la oficina administrativa ubicada en el centro de la ciudad, conocida como la Tumba, y el Helicoide, localizado al oeste de la capital—, el Sebin se ha asegurado una fuerte presencia en casi todo el territorio venezolano. El Helicoide, por ejemplo, se empezó a construir en 1956 con la idea de que fuera un centro comercial, a la vez que un hotel cinco estrellas, un parque, un club y en el séptimo piso un recinto de espectáculos. Sin embargo, ahora funciona como una cárcel, tanto de reos comunes como de privados de libertad por razones políticas.

De otro lado, la Tumba, edificio principal de este organismo, ubicado en la plaza Venezuela, guarda los secretos más oscuros del gobierno de Maduro, entre ellos las extrañas muertes de tres presos políticos.

Fernando Albán, fallecido en octubre de 2018 en extrañas circunstancias, fue el tercer caso de muerte dentro de una prisión de este grupo de seguridad. El primero fue el de Rodolfo González, piloto de 63 años que fue detenido en el 2014 por participar en las protestas políticas en contra del chavismo. Luego de un año preso en una de las sedes, decidió ahorcarse tras enterarse de que sería trasladado a una cárcel común. El segundo fue Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado de Apure. Lo detuvieron en septiembre de 2016 y fue recluido en la sede del cuerpo de seguridad en dicha región. Al año de estar encarcelado sufrió un accidente cerebrovascular y le fue negada la atención médica, lo que causó su fallecimiento.

“Trataron de ponerme esposas, y por supuesto no lo permití. Ellos cumplían una orden sin saber lo que hacían. Me secuestraron y me metieron en un carro”, aseguró ayer Guaidó. Por eso, pocos dan crédito a las palabras de Rodríguez, pues el Sebin es una de las pocas entidades que el pasado 10 de enero juraron lealtad a Maduro, que asumía su segundo mandato frente al discutido Tribunal Supremo de Justicia, también en manos del oficialismo.

Los escenarios para Guaidó. Juan Guaidó, de 35 años, es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. En 2011 llegó a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, el de Leopoldo López, e hizo parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). En el año 2016 fue reelegido como diputado. Desde enero de 2018 encabezó la Fracción de la Mayoría, una división dentro de la MUD, y un año después fue investido como presidente de la Asamblea Nacional, el más joven en asumir este cargo en Venezuela.

Días después de su investidura como líder de la AN, el viernes Guaidó convocó un cabildo abierto en Caracas y en su discurso dijo que, “apegándonos a la Constitución, al elemento del 233, 350 y 333, (tenía) que asumir las competencias de una encargaduría de la Presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Ahora, ¿es suficiente apegarnos a una Constitución en dictadura? Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada, la comunidad internacional la que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer”.

Su discurso causó confusión en la población y en la comunidad internacional, debido a que muchos pensaron que se estaba proclamando presidente interino del país, de acuerdo al tuit del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pero él mismo aclaró el sábado que no ha asumido el cargo de mandatario interino —pese a los numerosos llamamientos a que lo haga y felicitaciones por supuestamente haberlo hecho— al identificarse como jefe del Parlamento y “articulador” de soluciones para “los problemas del país”.

El analista político Luis Salamanca le dijo al periódico venezolano El Nacional que durante el cabildo abierto “nació un líder, una persona muy joven que se atrevió a retar el poder de hecho que tiene Maduro. Hoy es la figura más importante de la oposición en Venezuela”.

El experto explicó a ese diario que con el desafío lanzado contra el régimen, Guaidó hasta hoy ha logrado más que lo que en su momento consiguieron presidentes de la opositora Asamblea Nacional, como Henry Ramos Allup y Julio Borges.

“Lo que lo está catapultando a él a la condición de eventual líder es que se atrevió a dar un paso que era relativamente difícil. Hasta ahora nadie se había atrevido a darlo, y aunque está sujeto a la polémica de qué fue lo que él quiso hacer el viernes, él asomó la posibilidad de dar un paso sumamente crucial como es el de no solamente desconocer retóricamente al presidente, sino asumir parcialmente la norma 233 de la Constitución para ver qué pasa”, concluyó el experto.

Pero para William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Guaidó está en una situación difícil, con poco margen de maniobra. El estadounidense dijo durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington que “Guaidó está muy, pero muy restringido en lo que se le va a permitir hacer dentro de Venezuela”, y argumentó que si cruza cualquier línea roja puede terminar en prisión.