El Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. en México, Jan Jarab, hace un balance poco antes de abandonar México sobre los avances en materia de DD. HH. Persiste la impunidad y preocupa la estrategia de seguridad.
El diplomático checo Jan Jarab, que concluyó el 24 de noviembre su misión en México, dibujó un panorama alentador sobre los avances de la actual administración en materia de Derechos Humanos, cuando se cumple, el 1° de diciembre de 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El alto funcionario destacó los grandes desafíos que persisten, como el combate a la impunidad, la impartición de Justicia y la protección de periodistas y defensores de DD. HH.
Por su parte, la fundadora y directora de la organización Serapaz, Dolores González Saravia, destaca que aunque el triunfo de AMLO fue un producto del enojo, del hartazgo y del miedo, fue también una apuesta por la esperanza. Durante las pasadas administraciones se construyó un Estado autoritario, debilitado en sus funciones sociales y de gobierno, pero fortalecido en sus componentes duros, alineado a los intereses corporativos, legales o ilegales. Para la experta, el mayor desafío que enfrenta la actual administración es la estrategia de seguridad.
Caso Ayotzinapa: inclusión en lugar de exclusión. "Hubo un giro de 180 grados por parte de la actual Administración, que nos invitó a participar, que interpretó nuestra crítica en la investigación del caso Ayotzinapa como argumento para incluirnos en vez de excluirnos", dijo Jan Jarab durante un encuentro con periodistas en su oficina en la Ciudad de México. Su oficina publicó en marzo de 2018 un informe sobre las irregularidades, incluyendo el uso de tortura para obtener confesiones, en la investigación del emblemático caso. "Antes y después de ser publicado, el informe fue objeto de muchas tensiones con el gobierno de Enrique Peña Nieto, siendo esta información profundamente incómoda para la versión oficial".
Las desapariciones forzadas, la lucha contra la impunidad, contra la tortura, la detención arbitraria y el uso de la fuerza, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres han sido los temas ante los que el diplomático se ha visto confrontado durante su misión de tres años y medio en México.
En algunos ámbitos ha habido avances. "Hay más de 40.000 personas registradas como desaparecidas, probablemente sean muchísimas más que no denuncian; no hay registro", dijo el diplomático. Jarab destacó en ese contexto la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene con la nueva administración una titular comprometida y con presupuesto, aunque señaló que no es de esperar que se resuelvan todas las desapariciones.
20.000 cuerpos sin identificar. Jarab subrayó la importancia de la apertura del gobierno mexicano en el tema forense. "El presidente cifró en 20.000 los cuerpos que hay sin identificar; y se ha comprometido no sólo a fortalecer los mecanismos ordinarios de servicios forenses, sino de construir un mecanismo extraordinario forense con participación de expertos internacionales para que se pueda identificar a todos estos cuerpos".
También consideró que hay una mayor apertura en cuanto a la protección de periodistas y defensores de DD.HH. La oficina de Jarab presentó, por petición del gobierno mexicano, un diagnóstico del actual mecanismo de protección a fines de agosto, en el que se exhorta a las autoridades a abordar las causas de manera sistemática. "Sabemos que en más de un 50% de los casos las amenazas provienen de funcionarios públicos, sobre todo a nivel local, y eso lo mencionamos para que el gobierno adopte medidas para incidir sobre eso, y que el enfoque del mecanismo no sea sólo reactivo, con protección dura, cámaras y escoltas, sino que se aborden las causas de manera más sistemática".
Es necesario un reconocimiento explícito a la labor de periodistas. En ese ámbito, Jarab señaló que son necesarios los mensajes de reconocimiento y de apoyo al trabajo de periodistas y de personas defensoras de DD. HH. a todos los niveles, federal, estatal, y municipal, y dijo que a menudo la dinámica local es la más preocupante."Uno de los problemas que persisten es el cacicazgo, el rol de caciques y dinastías localesque distribuyen el poder a nivel local y están dispuestos a amedrentar a quien sea".
Hasta el 31 de octubre pasado, han sido registrados 153 periodistas asesinados en los últimos 19 años, además de 21 desaparecidos. Desde el inicio de la gestión de AMLO fueron asesinados 13 periodistas, una cifra que empata con la de 2016, cuando fue asesinado el mayor número de comunicadores, durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
Persiste la impunidad, y falta investigación de crímenes. Preocupa que no haya avances en la procuración de Justicia y en el combate a la impunidad. "En la política de seguridad se ve claramente que el presidente ha instruído a todas las corporaciones a ser cautelosas en el uso de la fuerza", pero el mismo Jarab reconoce que esa instrucción por sí sola no es suficiente para que las corporaciones cambien sus prácticas. "Hay incidentes que apuntan a prácticas violatorias graves a los DD. HH.", destacó Jarab, y citó como ejemplo el caso de la ejecución extrajudicial de 8 personas, el 5 de septiembre pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los crímenes fueron cometidos por autoridades estatales.
Jarab saludó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que fortalece los derechos de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo recordó la vulnerabilidad de los opositores indígenas y campesinos a megaproyectos que están a su suerte a nivel local. "Muchas de esas agresiones mortales tienen una dimensión local, y la impunidad y la falta de investigación son un factor común".
Apertura y diálogo del nuevo gobierno. Dolores González Saravia, fundadora y directora de la organización Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz) coincide con Jarab en el diagnóstico sobre apertura y diálogo del nuevo gobierno con las organizaciones de DD. HH. González Saravia destaca que buena parte de lo que se ha visto en el primer año de gestión de López Obrador se debe al legado de los gobiernos anteriores.
"Creemos que se está recogiendo varios años de deterioro, de rompimiento del tejido social, de crecimiento de los cárteles, de colusión de la delincuencia común con las propias Policías locales. Vamos a tardar en ver una inflexión al menos un par de años".
La experta destaca las luces y sombras de la actual administración. "Vamos a apostar por la construcción de condiciones en varios niveles: procuración de Justicia con la nueva Fiscalía, en donde hay una presión social, que se despeje de corrupción el Poder Judicial, que es otro de los grandes obstáculos, para que se produzca una inflexión en los procesos de seguridad pública asociado a una lógica de seguridad humana, en particular en el caso de las víctimas.
La experta espera que los procesos de Verdad y de Justicia ayuden a entender cuál es el mecanismo que perpetúa la violencia. "Aunque hay voluntad política, falta mucha experiencia y capacidad de operación. Hay poderes dentro del propio Estado que se resisten, y el ámbito local está muy debilitado".
La impunidad perpetúa la violencia. La experta sostiene que la macrocriminalidad se sostiene en una impunidad del 98%, sólo 2 de cada 100 denuncias tienen sentencias, y la impunidad es el factor clave para la perpetuación de la violencia. No hay una estrategia de seguridad viable sin una procuración de Justicia confiable. La corrupción, la colusión de autoridades y criminales provocan una crisis de legitimidad y de confianza.
Dolores González Saravia recuerda que en las pasadas elecciones de 2018 unos 170 candidatos o funcionarios de partido fueron asesinados. Además, 24 milones de mexicanos fueron víctimas de algún delito durante 2018, según cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), eso significa uno de cada tres hogares.
