Lima. El dueño del consorcio peruano Graña y Montero (G&M), José Graña, regresó de España a pedido de la justicia peruana para declarar por su presunta participación en el pago de US$20 millones en sobornos, asociada a la brasileña Odebrecht, al ex presidente Alejandro Toledo.

Según las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez, el pago se hizo a cambio de una concesión para construir los tramos II y III de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil.

"Simplemente, el fiscal nos citó para unas declaraciones. He venido a cumplir y voy a venir todas las veces que me citen", expresó el empresario peruano, poco después de acudir al Ministerio Público.

Graña, quien vive temporalmente en España, desde el pasado 16 de octubre, expresó su disponibilidad de colaborar con la justicia peruana en las investigaciones y calificó de normal este proceso judicial.

"Ha sido una audiencia normal", expresó el propietario de G&M, un conglomerado empresarial que llevó a cabo diversas obras de infraestructura asociado con la brasileña Odebrecht.

El fiscal Pérez sostiene que supuestamente la empresa peruana, asociada con otras empresas, hizo una bolsa económica para pagar los mencionados US$20 millones de soborno a Toledo.

Graña es un connotado empresario, de profesión arquitecto, que ocupó hasta hace poco la presidencia de este consorcio peruano, pero tuvo que renunciar este cargo debido a sus vínculos con Odebrecht.

La familia de este hombre de negocios es también propietario de uno de los grupos mediáticos más poderosos de este país andino, liderado por el diario El Comercio.