Los ataques de este gobierno a la libertad de expresión empezaron en 2007 y se dieron en múltiples ocasiones gracias a legislación vigente desde antes de este gobierno. Para que no se repitan atropellos como la sentencia contra el diario El Universo, sus directivos y su ex director de opinión, hay reformas claves que se deberían implementar, aunque seguramente esto quedará para cuando se haya terminado la “Revolución Ciudadana”. Estas reformas serían como una vacuna contra la mordaza.

Se ha anunciado que se eliminará el delito de desacato y ojalá que esto se convierta en realidad. Pero no hay que quedarse ahí, hay que ir un paso más allá y eliminar las sanciones civiles y penales por injurias cuando el sujeto supuestamente injuriado es una funcionario público y cuando el contenido de la expresión trata un tema de alto interés público, como lo es el 30 de septiembre, por ejemplo. Lo primero fue argumentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Kimmel  (2007). Esta corte estableció en su informe que:

“…en una sociedad democrática es indispensable que quienes se encuentran sujetos a la jurisdicción de un Estado puedan criticar libremente al propio Estado y a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, sin temor a ser responsabilizados civil ni penalmente por ello”.1

Lo segundo fue argumentado por la Corte Suprema de EE.UU. en el caso New York Times contra Sullivan (1964): cualquier conclusión punitiva prevendría que otros diarios se atrevan a publicar contenido similar acerca de un tema de gran interés nacional -en este caso el tema era los derechos de los afroamericanos en EE.UU., eliminando así “un medio importante para la promulgación de información e ideas por parte de personas que… deseen ejercitar su libertad de expresión”.2

Otra reforma de gran importancia tiene que ver con los medios de radio y televisión. Mientras que la prensa escrita es dueña del material en el cual se expresan sus ideas, las estaciones radio y canales de televisión no son dueños de la frecuencia que les permite transmitir su mensaje, el Estado lo es. En el mercado de la radio y la TV solo aquellos que obtienen una licencia del Estado pueden tener un canal o una estación de radio.

Para que no se repitan abusos contra medios de radio y TV, en el futuro debería crearse un mercado de derechos de propiedad privada sobre las frecuencias. Existe un ejemplo exitoso de esto en Guatemala, donde el espectro es libre y cualquier persona puede comprar un TUF (Título de Usufructo de Frecuencia).3 Esto también haría más competitivo el mercado de telecomunicaciones.

Los ataques a la libertad de expresión han sido posibles no solo por la voluntad del gobierno de silenciar las críticas y por una estructura legal apta para el abuso, sino también porque la mayoría de los ecuatorianos no han defendido su derecho a expresarse libremente. Ojalá que aprendamos de esta triste experiencia de represión y en el futuro demandemos instituciones, políticas públicas y regulaciones que nos aseguren una sociedad libre de horrores como la censura previa.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.