El magnicidio lleva al límite la grave crisis de seguridad que atraviesa Haití y amenaza con provocar un vacío de poder, habida cuenta de que el presidente ya llevaba más de un año gobernando por decreto por la ausencia de un Parlamento electo.
El frágil equilibrio político que arrastra Haití desde hace años ha terminado de saltar por los aires este miércoles con la muerte del presidente, Jovenel Moise, asesinado a tiros en su residencia. El primer ministro interino, Claude Joseph, ha asumido las riendas con un golpe sobre la mesa en forma de estado de sitio e invitando a todas las partes a unirse en aras de la "continuidad" de la poca institucionalidad que le queda a Haití.
La noticia del asesinato se conoció de madrugada, cuando alrededor de las 5.00 (hora local), el Gobierno difundió un comunicado firmado por Joseph y en el que informaba de que unas cuatro horas antes Moise, de 53 años, había sido "herido mortalmente" en un asalto a su residencia privada en la región metropolitana de Puerto Príncipe. La primera dama fue trasladada a un hospital con heridas de bala y en estado grave.
Las autoridades han atribuido el ataque a "un grupo de individuos no identificados" del que nada se sabe, más allá de que hablaban español e inglés. En su primer comunicado, Joseph ya se ha mostrado esperanzado de que "la democracia y la República vencerán" y ha llamado "a la calma" de la ciudadanía.
Este mismo mensaje de calma lo ha repetido horas después, de viva voz y al término de un Consejo de Ministros extraordinario tras el que ha pronunciado un simbólico discurso a la nación acompañado de altos mandos de seguridad. Este antiguo embajador en España ha reconocido que la situación es "difícil" y ha apostado por dotar de "continuidad" al Estado.
Como primera gran medida, ha anunciado la entrada en vigor del estado de sitio, una medida de excepción que permite al Gobierno arrogarse un mayor número de competencias y que se plantea ante situaciones extremas.
El estado de sitio, que la legislación haitiana plantea en principio para un periodo inicial de 15 días, sitúa a las Fuerzas Armadas como máximas garantes de la seguridad e implica la instauración de tribunales militares, al tiempo que abre la puerta al control de los medios de comunicación, según un reciente análisis del periódico 'Le Nouvelliste'.
El Gobierno ya había asegurado a principios de febrero que había desarticulado un intento de golpe de Estado que consistiría en un ataque contra el palacio presidencial y que contemplaría el asesinato de Moise. Más de una veintena de personas fueron detenidas entonces, entre ellas un juez.
¿Quién gobierna? El magnicidio lleva al límite la grave crisis de seguridad que atraviesa Haití --la semana pasada murieron 15 personas víctimas de un tiroteo en Puerto Príncipe-- y amenaza con provocar un vacío de poder, habida cuenta de que el presidente ya llevaba más de un año gobernando por decreto por la ausencia de un Parlamento electo. De hecho, parte de la oposición le recriminaba que su mandato ya había expirado en febrero de este año.
Moise había dibujado un calendario electoral que ha ido variando sobre la marcha, a medida que ha empeorado la situación del país más pobre del hemisferio occidental. Inicialmente, se había convocado en abril un referéndum para reformar la Constitución, pero la incertidumbre derivó en un primer aplazamiento a junio y, después, hasta el 26 de septiembre, coincidiendo con la primera vuelta de los comicios legislativos y presidenciales.
La incertidumbre se ha extendido también al Gobierno, cuyas riendas asumió Joseph de forma interna el pasado mes de abril. Esta misma semana, el presidente había designado como nuevo primer ministro a Ariel Henry, un antiguo responsable de Interior al que encargó, entre otras tareas, "solucionar el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al Consejo Electoral para la realización de las elecciones generales y el referéndum".
El artículo 149 de la Constitución estipula que en caso de ausencia del presidente "por dimisión, destitución o en caso de incapacidad física o mental permanente", corresponde al Consejo de Ministros, "bajo la presidencia del primer ministro", ejercer el poder ejecutivo hasta la elección de un nuevo jefe de Estado.
La Carta Magna, pendiente precisamente de renovación, estipula un plazo de entre 60 y 120 días para avanzar en esta renovación, si bien establece una excepción, en el caso de que el presidente estuviese en su último año --como es el caso de Moise-- la Asamblea Nacional podría reunirse para elegir a un mandatario de forma "provisional", informa 'Haiti Libre'.
Confusión en las calles. A pie de calle, el miércoles ha amanecido en Puerto Príncipe con una mezcla de "prudencia" y "confusión", como lo resume la agencia Alterpresse, que da cuenta de menos afluencia de la habitual a la espera de ver cómo iban evolucionando las informaciones.
"No hay nadie en la calle. Todo el mundo está esperando a ver qué viene ahora", ha declarado el director del Comité Paralímpico de Haití, Jean Chevalier-Sanon, en declaraciones a la agencia Bloomberg. Por lo pronto, el aeropuerto internacional ha suspendido sus operaciones, según 'Haiti Libre'.
El expresidente Michel Martelly ha condenado el "asesinato cruel" de su sucesor. "Un duro golpe para nuestro país y para la democracia haitiana que lucha por encontrar su camino", ha lamentado en su cuenta de Twitter, desde donde ha dicho "compartir el dolor" de la familia del difunto mandatario.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a preservar el "orden constitucional" tras el magnicidio, en un mensaje de consternación compartido por la práctica totalidad de la comunidad internacional, especialmente en la región de las Américas.
República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española, ha sido de los primeros en reaccionar para adoptar también medidas prácticas, incluido el cierre de la frontera común, a la espera de ver cómo evoluciona la situación. El presidente dominicano, Luis Abinader, ha reunido de urgencia al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para examinar lo ocurrido y determinar un refuerzo de la seguridad fronteriza, según 'Diario Libre'.
Situación humnitaria. La crisis política y de seguridad ha derivado también en un empeoramiento de la situación humanitaria, especialmente en la zona de Puerto Príncipe, donde unas 18.100 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por el repunte de la violencia, 14.700 de ellas en el último mes, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas.
La ONU ha advertido también de que la violencia complica el reparto de la ayuda y ha dejado con poca o ninguna asistencia a miles de personas, a pesar de que estima que en total 1,1 millones necesitan algún tipo de auxilio para cubrir necesidades o servicios básicos.
