La Paz.- Un juzgado de Bolivia envió a prisión de forma preventiva a César Cocarico, que fue ministro de Desarrollo Rural y Tierras durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y es investigado por un caso de supuestas irregularidades en su gestión.

En una audiencia cautelar que duró cinco horas y concluyó el pasado sábado por la noche, se dispuso la detención preventiva de Cocarico por seis meses en la cárcel de San Pedro en La Paz, según un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado.

El exfuncionario es investigado por supuestamente haber nombrado a Juan Carlos León como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) "sin cumplir los requisitos, como la Ley General del Trabajo y Estatuto del funcionario público", señala el comunicado de la Fiscalía. Según la denuncia, León, también investigado, no contaba ni con título de licenciatura ni con experiencia para el cargo.

El Ministerio Público pidió la detención preventiva de Cocarico por un posible peligro de fuga, porque no tiene "trabajo lícito" y la posibilidad de que influya en testigos que deben declarar. El abogado defensor, Wilson Cortez, protestó en declaraciones recogidas por la prensa local: "Pese a que se ha presentado su credencial de abogado, su NIT donde se establece donde funciona su oficina, facturas donde él está ejerciendo esta actividad desde enero, el juez nos dice que no tiene trabajo". "Cómo un abogado acredita que trabaja si no es con su credencial de abogado", se preguntó el jurista.

Segundo ministro de Evo detenido. César Cocarico es el segundo de los ministros de la etapa de Evo Morales detenido, después de que el mes pasado fuera aprehendido y enviado a prisión preventiva el que fue titular de Gobierno Carlos Romero, por un caso de supuesta corrupción. Sobre el propio Morales, que se encuentra refugiado en Argentina, pesa una orden de detención.

Otros exministros como los de Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Culturas, Wilma Alanoca ,se alojaron en la residencia oficial de México en La Paz, tras ser acusados en distintos procesos por supuestos delitos como terrorismo, en espera de un salvoconducto para salir del país que el Gobierno interino no les concede.