Buenos Aires.- La Fiscalía del Poder Judicial de Argentina rechazó este lunes los planteamientos para suspender el juicio oral y público contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), en la octava audiencia del proceso que se realiza en los tribunales federales de Buenos Aires.

En el reinicio del procedimiento, tras dos semanas de receso por las vacaciones de invierno, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Diego Luciani, sostuvo que "no hay razones jurídicas para que este juicio se suspenda".

Sin la presencia de Fernández, actual senadora nacional, el funcionario respondió los planteamientos hechos por las defensas de los acusados en las audiencias anteriores y aseguró que hay "interés" en que el juicio "no se realice". En el procedimiento se busca "analizar si hubo una asociación ilícita que defraudó al Estado. Lo que vamos a analizar acá son hechos", remarcó el fiscal, quien pidió al Tribunal que exija la presencia de todos los acusados.

La investigación busca determinar si Fernández direccionó durante su gestión obras públicas por 46.000 millones de pesos (unos US$1.000 millones) en favor de la constructora Grupo Austral, propiedad de Báez, detenido en 2016.

Fernández, acusada de fraude en la concesión de obras públicas a empresarios presuntamente cercanos a su familia, pidió a través de sus abogados defensores en la audiencia del pasado 1 de julio la suspensión del juicio en su contra por considerar que la acusación es "política" y forma parte de una "persecución".

Luciani contestó este lunes que "sólo dos" de las 52 obras viales otorgadas al Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez, "finalizaron en tiempo oportuno. Las rutas son un elemento esencial para la integración, son imprescindibles para conectar el país, pero el problema es que a las rutas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien".

Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez y Andrés Basso, anunciarán en la próxima audiencia, a realizarse el lunes 12 de agosto, su decisión vinculada a los planteamientos de la Fiscalía y los abogados defensores.

La investigación busca determinar si Fernández direccionó durante su gestión obras públicas por 46.000 millones de pesos (unos US$1.000 millones) en favor de la constructora Grupo Austral, propiedad de Báez, detenido en 2016.

Los fiscales que prepararon el caso en la etapa previa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, afirmaron que los acusados se asociaron de manera ilegal para favorecer a Báez con la adjudicación de 52 obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz entre 2004 y 2015, e igual tesitura sostiene Luciani.

Si el Tribunal rechaza los pedidos de las defensas para suspender el juicio, se fijará un cronograma para tomar declaración a los acusados, que en esa etapa del proceso sí tienen la obligación de estar presentes.

El juicio comenzó el 21 de mayo pasado y expertos judiciales prevén que las audiencias se extiendan durante casi un año, en virtud de la voluminosa prueba aportada por acusación y defensa, y por el alto número de testigos citados a declarar.

Está previsto el testimonio de unos 160 testigos, incluido el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien el pasado 18 de mayo fue anunciado como precandidato a presidente en una fórmula que compartirá con Fernández en las elecciones generales de octubre próximo. Además de la ex mandataria, están acusados, entre otros, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, y Báez.