Uno de los fantasmas que Keiko Fujimori no logró borrar de los peruanos fue la persecución política que sufrieron miles de personas en manos de las instituciones judiciales que su padre logró ponerlas a su servicio. Regresar a esos años pesó más en los electores peruanos que los riesgos de Humala.

El procedimiento que Fujimori siguió para tomar control de la justicia peruana fue tan efectivo como burdo. Comenzó con desacreditar al sistema judicial día tras día. Algo no muy difícil de hacer en América Latina. Jueces corruptos, justicia politizada, magistrados vendidos, alcahuetes del terrorismo y de los poderosos, eran sus frases favoritas. Se le hizo soñar al Perú con un sistema moderno, de nuevas leyes, con asistencia internacional. Se ofrecieron escuelas judiciales, juzgados en cada barrio, computadoras y tecnología. El Perú iba a tener una justicia imparcial, ágil, independiente, honesta, con jueces bien remunerados. Un sueño fácil de comprar. El pasado iba a quedar atrás. El monstruo del terrorismo y la delincuencia iban a terminar finalmente. Había solo que confiar en él, en Fujimori.

Es así que el gobierno obtiene del Congreso Constituyente una ley que crea el pomposo “Jurado de Honor de la Magistratura” conformado por cinco personas de “reconocida probidad”, un organismo con superpoderes que se encargaría de transformar todo el andamiaje judicial peruano. De vida transitoria, el Jurado debía “limpiar” la podredumbre del pasado y sentar las bases de ese esplendoroso futuro prometido.

Sin embargo, es durante la época de esta transición que Fujimori alcanzó el esplendor de su poder. Montesinos puso a sus pies a todos los jueces y magistrados. La fórmula fue simple: al entrar todas las judicaturas a un estado de transitoriedad, los jueces terminaron haciendo lo que el régimen les pedía, pues, así acumulaban méritos para ganar la ansiada estabilidad. Como lo recordaba recientemente César Romero, en La República, fueron los años en que se dieron las sentencias más increíbles en Perú.

Gracias a este proceso de control sobre un sistema que estaba supuestamente en reforma, Fujimori logró perseguir a opositores, periodistas, medios de comunicación y disidentes. El fascismo del que habla Vargas Llosa que vivió el Perú en esa época se perfeccionó bajo la bandera de la “reforma judicial”.

Aunque en el caso peruano Fujimori no tenía intereses económicos personales en juego ante los tribunales peruanos -durante su presidencia al “Chino” no llegó a ocurrírsele presentar demandas pidiendo millones de dólares para él-, su círculo sí que los tenía; además todos necesitaban de un seguro que les cubriese las espaldas para cuando concluyera el régimen. Fujimori obtuvo así una poderosa arma de represión y una eficiente maquinaria de impunidad. Claro que cuando el régimen colapsó políticamente, el sistema judicial peruano quedó más desprestigiado que antes.

La fórmula Fujimori de someter a todos los jueces y magistrados a un estado de incierta transitoriedad fue el camino más seguro a una dictadura. Solo un tonto podría creer que cualquier parecido con lo que estamos viviendo en Ecuador es una simple coincidencia.

*Esta columna fue publicada originalmente en El Universo.com.