Probablemente, pocos pensaron el 26 de diciembre de 2010 que el gobierno boliviano podría debilitarse tanto y en tan poco tiempo. Hasta entonces era insensato predecir el fin de una época -la del Estado plurinacional- caracterizada por el apoyo al caudillo, Evo Morales, por una amplia mayoría ciudadana. Como prueba concluyente de ese gran respaldo, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) había vencido abultadamente en cuanto acto electoral fue convocado -desde 2005 hubo, entre elecciones y referendos, más de media docena-, obteniendo en todos más del 60% de los votos.
Pero un “gasolinazo”, es decir el incremento de los precios de los carburantes, habría de marcar un cambio en el panorama político. Los bolivianos se opusieron a esta medida y ganaron las calles de las principales ciudades del país, protestando y exigiendo que el presidente diera marcha atrás, cancelando el alza decretada. Por primera vez, los pobladores de la bullente ciudad de El Alto y los cocaleros del Chapare -cuyo líder sindical es el propio presidente Evo Morales- ambos bastiones del régimen, encabezaron las protestas, y no faltaron las estridentes amenazas de repetir el “octubre negro” de 2003, cuando turbas enfurecidas derrocaron al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Y se produjo el retroceso: se anuló el alza de los precios de los carburantes. Fue, en estas circunstancias, que se cayó en cuenta que era posible “torcerle el brazo” al presidente, obligándolo a desandar en las decisiones que se juzgue perjudiciales para los ciudadanos. Entre el alza y el retroceso del “gasolinazo”, sólo transcurrieron cinco tensos días. Al comenzar este año, el ambiente político ya había cambiado.
Sin embargo, siguió la pausa tradicional en Bolivia, la de los primeros tres meses del año, pausa que generalmente termina cuando se activan las exigencias de aumento de los salarios de los trabajadores: fabriles, mineros, artesanos, maestros, empleados del sector privador, etc. Esta vez, el gobierno se había apresurado a incrementar en 10% los sueldos, pero sólo para cuatro sectores: militares, policías, maestros y trabajadores de la salud. Esto, resultaba discriminatorio. Además, el incremento ofrecido estaba muy por debajo de las expectativas. Entonces, la Central Obrera Boliviana, saliendo de una larga crisis, encabezó nuevas protestas, exigiendo un aumento general de salarios del 30%, es decir, tres veces mayor al decretado por el gobierno, extensivo a los sectores no considerados originalmente. Y tal como están las cosas, nuevamente -es decir, por segunda vez- el gobierno se enfrenta a protestas agresivas y peligrosas.
También hubo cambios en el campo internacional. La buena imagen inicial de Evo Morales, que captó simpatías luego de su elección en diciembre de 2005, ha ido deteriorándose.
Hubo fracasos en la acción diplomática; el más notorio en la XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, celebrada en Cancún, México (29/11/2011-10/12/2011), pues se llegó a un acuerdo final con el voto de más de 191 países, frente al solitario voto en contra de Bolivia. Pero ese pasaje sólo fue la culminación de una historia de frustraciones: la proposición de cambio de sede de las Naciones Unidas, la fallida propuesta de imponer un plazo al gobierno de Estados Unidos para que levante el embargo impuesto a Cuba; las declaraciones y denuncias ofensivas contra los presidentes de Perú y Colombia, además de la expulsión del embajador de Estados Unidos, sin pruebas de lo que se le acusaba y la infructuosa campaña para despenalizar la hoja de coca. Estos traspiés seguramente contribuyeron al deterioro de la imagen de Evo Morales en el exterior, sin contar algunas curiosas afirmaciones luego de una conferencia internacional en Cochabamba.
Además, ya se sabe en el exterior que en Bolivia hay presos y exiliados políticos, que las amenazas a la libertad de prensa son constantes y que el gobierno ha copado la administración de justicia para perseguir judicialmente a los que disienten con su política. Aún más: se agregan los casos de narcotráfico, como el de un general retirado de la Policía Boliviana (siguió trabajando en el ministerio del Interior), que fue detenido en Panamá y extraditado a Estados Unidos.
Pero lo espectacular, ahora, es el viraje en la política seguida hasta hace poco para la solución de la mediterraneidad de Bolivia. Ya en febrero pasado, el presidente Morales dijo que esperaba que el gobierno de Chile le presentara, antes del 23 de marzo, el Día del Mar en Bolivia, una propuesta de solución de la mediterraneidad de Bolivia. En realidad, comenzaban a ponerse difíciles las tratativas entre los dos países.
En los pasados cinco años se había pasado de las estridencias del ex presidente boliviano, Carlos Mesa, con relación a Chile, al franco acercamiento de Morales al gobierno de la presidente Michelle Bachelet. Se había conformado una comisión mixta para tratar una agenda de 13 puntos, entre ellos uno sobre la solución de la mediterraneidad. Pero fue un diálogo de sordos; nada avanzó y sucedió lo previsible: se estancó. Chile finalmente aplicó la línea definida por el presidente Sebastián Piñera aun siendo candidato: hay que darle a Bolivia todas las facilidades (de tránsito), pero no soberanía.
Evo Morales habría advertido otro fracaso diplomático en puertas y que éste sería más sonoro que los anteriores. Y resolvió volver a la reclamación airada por el mar. Con esto -seguramente así lo pensó-recuperaría la adhesión ciudadana, ya que, en un par de meses, había bajado en aceptación, de más de 60 %, a poco más de 30%.
Sin embargo, lo anterior no funcionó como se esperaba. La COB arremetió no más: decretó una huelga general, insistiendo en la exigencia de un incremento general de salarios en 30 % y, para una negociación, puso en claro que sólo la aceptaba con el presidente en persona, y no con los ministros, pese a la anticipada negativa del gobierno a esta forma de negociar. Simultáneamente, la organización de los trabajadores lanzó protestas callejeras en La Paz seguidas, en menor escala, en otras ciudades. El emblemático Palacio Quemado, sede de la presidencia, el viernes 8 de abril había sido virtualmente cercado. La posibilidad de que se produjeran víctimas en los enfrentamientos eran latentes; lo peor que pudiera sucederle al presidente.
En estas circunstancias se produjo otro retroceso. El gobierno aceptó el diálogo del presidente con los trabajadores, procurando así bajar las tensiones. El domingo 10 de abril se reunieron los dirigentes de la COB con Evo Morales, ignorando la previa exigencia del gobierno de que, para negociar, se debía suspender la huelga y las marchas de protesta. De la reunión salió poco, y este escaso entendimiento fue objetado por varios sectores de los trabajadores, entre ellos los maestros. Hasta la entrega de esta columna, continuaban las movilizaciones de los trabajadores que persisten en sus demandas.
El gobierno no pudo captar el esperado respaldo con el cambio de su política con Chile, mejorando así su capacidad de sobreponerse a las exigencias populares. A su iniciativa, Evo Morales se reunió con cinco ex presidentes de la República, con el declarado propósito de recoger criterios para la preparación de una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No hubo información sobre lo específicamente tratado. Una fuente confiable reveló que el gobierno mostró que no tiene un plan ni iniciativas concretas sobre el tema. Todo quedó en el espectáculo montado con otros propósitos.
Así las cosas, con recurrentes fiascos, ¿habrá comenzado el gobierno un camino sin retorno?
