Bogotá. Los brutales abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Policía Nacional de Colombia durante las protestas antigubernamentales obedecen a profundas fallas estructurales y no ha hechos aislados, dijo este miércoles un informe de Human Rights Watch (HRW).

Colombia enfrenta desde hace seis semanas protestas contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, mayoritariamente pacíficas, en medio de las que se han registrado saqueos, actos de vandalismo, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

Aunque la Fiscalía General reportó esta semana 21 muertes asociadas a las protestas, HRW dijo haber recibido "denuncias creíbles" sobre 68 homicidios, aunque solo confirmó 34, de los cuales al menos 20 corresponden a manifestantes o transeúntes que parecen haber muerto a manos de policías.

Además de los asesinatos, HRW también dijo haber documentado palizas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes, así como uso excesivo de la fuerza.

"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas", dijo en el informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas", dijo en el informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

"Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la policía de las fuerzas militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes", agregó.

Municiones letales. El grupo que promueve la defensa de los derechos humanos dijo tener evidencia de al menos 16 casos en los cuales la policía parece haber matado con municiones letales disparadas con armas de fuego a manifestantes o transeúntes no armados.

Al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o bombas aturdidoras.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, negó en una entrevista con Reuters a mediados de mayo el uso de armas de fuego para controlar las protestas y dijo que los efectivos han recurrido a armamento no letal, al tiempo que anunció que los responsables de abusos y actos de violencia serán castigados con todo el peso de la ley.

Aunque el presidente Duque se refirió en el pasado a los abusos por parte de miembros de las fuerzas armadas como incidentes de "manzanas podridas", el domingo anunció que su Gobierno pedirá al Congreso aprobar una formación más estricta de los policías en derechos humanos y aumentar la supervisión.

El Gobierno denunció que las protestas fueron infiltradas por grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, mientras exige a los líderes de las protestas levantar los bloqueos de carreteras que provocaron alzas y desabastecimiento de alimentos y combustibles en las principales ciudades.

"La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial", advirtió Vivanco.

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzaron esta semana una visita a Colombia para monitorear la situación después de recibir denuncias de abusos policiales durante las protestas.