Lima. El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, descartó que exista persecución política en Perú, y subrayó que en el país sudamericano hay una democracia total con independencia plena de poderes.

Por ello, estimó que la campaña anunciada por los congresistas de Fuerza Popular para denunciar ante la comunidad internacional una supuesta persecución y abusos contra Keiko Fujimori no tiene la mínima posibilidad de éxito.

"Si los parlamentarios insisten en una estrategia de esta naturaleza, creo que una denuncia de ese tipo no tiene la más mínima posibilidad de éxito en el ámbito internacional", manifestó en declaraciones a la Agencia de Noticias Andina.

Según dijo, nadie discute que en Perú hay un sistema democrático de gobierno que cuenta con "medios de comunicación independientes, una vibrante sociedad civil, un Poder Judicial independiente y un Ministerio Público capaz de realizar investigaciones como las que ha hecho que comprometen a poderosos políticos del pasado".

Parlamentarios de Fuerza Popular anunciaron esta semana el inicio de una campaña internacional para denunciar un supuesto abuso y persecución política contra Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva desde noviembre del 2018. 

"Si los parlamentarios de Fuerza Popular) insisten en una estrategia de esta naturaleza, creo que una denuncia de ese tipo (persecución contra Keiko Fujimori) no tiene la más mínima posibilidad de éxito en el ámbito internacional", manifestó José Miguel Vivanco.

En el marco de dicha campaña, los legisladores anunciaron que expondrán la situación de su lideresa ante la Organización de Estados Americanos, Congresos y presidentes de diversos países.

Al respecto, Vivanco precisó que el concepto de prisioneros políticos está reservado para personas que son perseguidas y encarceladas por sus opiniones o por sus ideas, lo cual, subrayó, evidentemente no es el caso de Keiko Fujimori. 

La lideresa de Fuerza Popular cumple prisión preventiva dictada por el Poder Judicial en el marco de la investigación a miembros de su partido por el delito de lavado de activos agravado contra el Estado.

Dicho delito se cometió, según la Fiscalía, cuando Fujimori recibió dinero ilícito de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011.

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Fiscalía para encarcelar a Fujimori debido al peligro de obstrucción a la justicia que implicaba mantenerla en libertad.

Una segunda instancia del Poder Judicial peruano rechazó la apelación presentada por la abogada de Fujimori para anular la prisión preventiva.

Asimismo, el recurso de casación elevado ante la Corte Suprema con el mismo objetivo no se analizó debido a que el juez encargado de ver el expediente decidió inhibirse, luego de difundirse un audio en el cual se le escucha coordinar con el exjuez César Hinostroza, sindicado de ser el cabecilla de la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto.

La postergación de la vista del recurso de casación sirvió a los legisladores de Fuerza Popular como argumento para denunciar la situación de abuso contra Fujimori.

Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo.