Quito. Líderes indígenas retuvieron a ocho policías y periodistas en Quito para exigir el fin de la represión policial de las protestas que comenzaron hace una semana contra la reforma económica anunciada por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

En un acto en la Casa de la Cultura de la capital, mostraron a los ocho agentes -siete hombres y una mujer- y se les ha pedido que se comuniquen con sus superiores para que se deje de reprimir a los manifestantes, según informa el diario local 'El Comercio'. Además, los líderes indígenas presentes han asegurado que hay 40 militares retenidos en Saquisili.

El secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, confirmó en un vídeo difundido por el Gobierno que hay seis policías y 27 periodistas de distintos medios de comunicación a los que "no se les ha permitido salir, como es su voluntad", si bien los medios ecuatorianos aseguran que hay dos agentes más, uno de los cuales estaba en los alrededores de la Casa de la Cultura vestido de civil.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, exigió a las autoridades ecuatorianas la entrega de los indígenas fallecidos en las protestas. Según la Defensoría del Pueblo, al menos cinco personas han muerto en esta semana de protestas, aunque el Gobierno no ha confirmado este balance de víctimas.

Briones aprovechó su intervención para aclarar que, por ahora, solo hay dos fallecidos. Según explicó, se trata de una persona que "fue atropellada el lunes por un conductor amedrentado por los manifestantes" y de otra que "falleció ayer por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito".

Vargas arremetió contra los indígenas que se están posicionando del lado del Gobierno de Moreno, por considerar que se trata de una traición a sus compañeros. "Vamos a aplicar decisiones fuertes contra esos indígenas que han abandonado esta lucha", aseguró.

El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, reiteró que responsabilizan al Gobierno, representado por Moreno y los ministros de Interior y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, respectivamente, de estas cinco muertes, de acuerdo con de Ecuavisa.

Además, los líderes indígenas advirtieron de que, si las fuerzas de seguridad irrumpen en las instalaciones con gases lacrimógenos, no se responsabilizarán de lo que les pueda ocurrir a los ocho agentes.

Los indígenas se refirieron específicamente a la situación de los periodistas. Así, indicaron que permanecerán retenidos de forma indefinida, pudiendo ser utilizados como escudos humanos en futuras protestas, y advirtieron a los medios de comunicación de que, si no ofrecen en director sus asambleas en la Casa de la Cultura, los informadores se enfrentarán a la justicia indígena.

Vargas también arremetió contra los indígenas que se están posicionando del lado del Gobierno de Moreno, por considerar que se trata de una traición a sus compañeros. "Vamos a aplicar decisiones fuertes contra esos indígenas que han abandonado esta lucha", aseguró.

"Tengan presente que su presidente, Jaime Vargas, jamás se va a vender, compañeros, frente a este Gobierno asesino y criminal. La lucha continúa", declaró en medio de los aplausos, según 'El Universo'.

Liberación inmediata. En este contexto, Briones exigió "que cualquier proceso de dialogo se haga en el marco de la paz y, para ello, la liberación de los policías y los periodistas es una condición fundamental".

"Somos un Gobierno que dialoga y toma decisiones, siempre beneficiando el bien común. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre en el marco de la paz", declaró el secretario general de la Presidencia.

De acuerdo con Briones, "se está retomando la tranquilidad de poco a poco". "Hoy en Quito, Guayaquil y más del 70 por ciento de las ciudades de Ecuador están en paz", afirmó, incidiendo en que "es el momento de deponer posiciones intransigentes y devolver a todos los ecuatorianos la tranquilidad". "Para ello necesitamos orden porque todos queremos trabajar y vivir en paz", remarcó.

Crisis política. El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.

Moreno ha ofrecido diálogo aclarando que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.