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Juez de Ecuador ordena prisión preventiva para funcionarios en caso de corrupción que involucra a Petroecuador
Miércoles, Abril 14, 2021 - 13:16

La entidad alegó que el contralor Pablo Celi y el ex ministro de Energía Jóse Agusto Briones, quien también fue secretario de la Presidencia, habían abusado de sus cargos para organizar la trama de sobornos entre el 2017 y 2020.

Quito. Un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva para el actual contralor del país y un exministro de Energía por cargos de supuesta delincuencia organizada relacionada con la petrolera estatal Petroecuador, dijo este miércoles la fiscalía del país.

La entidad alegó el martes que el contralor Pablo Celi y el ex ministro de Energía Jóse Agusto Briones, quien también fue secretario de la Presidencia, habían abusado de sus cargos para organizar la trama de sobornos relacionados con contratos de Petroecuador entre el 2017 y 2020.

El juez dictó también prisión preventiva para otras cinco personas, entre ellas familiares de Celi y Agusto Briones, dijo la fiscalía en un comunicado.

"Esta organización –cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos– habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas" relacionadas a contratos de Petroecuador, explicó.

Ambos funcionarios fueron trasladados a una cárcel en Quito, luego de que el juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó el fallo.

La medida de prisión preventiva puede durar hasta 90 días. El cargo de delincuencia organizada conlleva una posible pena de prisión de entre siete y diez años.

Las acusaciones se producen después de que un empleado de la compañía Gunvor Group se declaró la semana pasada culpable de los cargos de la justicia de Estados Unidos de participación en un plan para sobornar a funcionarios ecuatorianos para obtener negocios con Petroecuador.

La defensa de Celi dijo que presentarán una apelación a la resolución del juez, según medios locales. Reuters no pudo contactar al abogado de Agusto Briones para comentarios.

La fiscalía abrió una investigación sobre el caso en junio del 2019 y el martes realizó allanamientos en viviendas y oficinas de los involucrados en Quito y Guayaquil.

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Reuters