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La campaña ilegal en contra de WikiLeaks
Mar, 28/12/2010 - 14:38

Gene Healy

La campaña ilegal en contra de WikiLeaks
Gene Healy

Es abogado, responsable de revisar y editar los análisis de política y otras publicaciones del Cato Institute. Además es editor contribuyente de la revista Liberty, así como autor de los estudios de Cato "Arrogance of Power Reborn: The Imperial Presidency and Foreign Policy in the Clinton Years" (Diciembre 2000) y "There Goes the Neighborhood: The Bush Administration's Dubious Gun-Crime Initiative" (Mayo 2002). Healy recibió su bachillerato en gobierno de Georgetown University en 1993 y su J.D. de la University of Chicago Law School en 1999.

Lo que sorprende acerca de la actual histeria en Washington con WikiLeaks no es lo que los cables robados divulgaron acerca de la política exterior estadounidense. Incluso el Secretario de Defensa Exterior de EE.UU., Robert Gates, admite que, a pesar de algunas revelaciones incómodas, las consecuencias para la seguridad exterior de EE.UU. serán “bastante modestas”.

No, lo que es realmente revelador es cómo ha reaccionado la clase política de Washington a los WikiLeaks. Como ellos lo perciben, cualquiera que amenace con socavar el secretismo del Estado es el equivalente moral de Osama Bin Laden.

El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (Republicano de Kentucky), dice que si las leyes existentes no pueden detener a los WikiLeaks “tenemos que cambiar las leyes”, maldita sea, porque el fundador de la organización, Julian Assange, además de ser el hombre internacional del misterio es un “terrorista de alta tecnología”.

El terrorismo no es lo que solía ser. Aparentemente, ahora usted puede ser considerado terrorista solamente por avergonzar a la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

Es verdad que algo de secretismo es necesario en los negocios, la guerra y la diplomacia. El congreso y la administración de Obama deberían analizar de cerca las vulnerabilidades que Assange ha expuesto. A propósito de esto, ¿por qué un soldado raso tiene acceso a una gama tan amplia de cables diplomáticos?

Cualquiera que valore la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. debería oponerse a la campaña de “atrapar” a Assange mediante cualquier medio necesario. En una sociedad libre usted no puede, simplemente, “cambiar una ley” para perseguir a alguien que no le agrada y tampoco puede abusar de su posición para silenciar la opinión a la que usted se opone.

La semana pasada, en el Wall Street Journal, la senadora Dianne Feinstein (Demócrata de California) solicitó que Assange sea enjuiciado por violar la Ley de Espionaje de 1917. Después de todo, escribió ella, “la Primera Enmienda no es un permiso para poner en peligro la seguridad nacional”, así como tampoco es una licencia para “gritar ‘¡Fuego!’ en un teatro repleto”. Esta es una mala elección de metáfora: proviene de una opinión del juez Oliver Wendell Holmes sobre el caso Schenck contra EE.UU. en 1919, cuando el Tribunal Supremo permitió que la administración de Wilson apresara a un hombre por el delito de alegar públicamente que la conscripción era inconstitucional.

Desde entonces hemos protegido mucho mejor la Primera Enmienda. En 1971, en el caso New York Times contra EE.UU.,el Tribunal Supremo rechazó el intento de la administración de Nixon de detener que este periódico publicara documentos clasificados, los cuales demostraban que el gobierno le había mentido los estadounidenses para que apoyaran el involucramiento de EE.UU. en la guerra de Vietnam.

WikiLeaks se encuentra en la misma posición que el New York Times en 1971, y a partir de ese caso, el Servicio de Información del Congreso informa que ningún “publicador de información obtenida a través de una divulgación no autorizada por parte de un empleado público ha sido enjuiciado por haberla reproducido”. “Las implicaciones de la Primera Enmienda” probablemente “harían de tal enjuiciamiento algo difícil”.

Aún así, el senador Joe Lieberman (Independiente de Connecticut) ha sugerido que los periódicos estadounidenses todavía podrían ser castigados por publicar los cables de WikiLeaks. Insatisfecho con las meras amenazas, Lieberman ha ido incluso mas allá de la ley, ejerciendo presión sobre Amazon.com para que saque al sitio de sus servidores.

Como el analista de medios modernos Clay Shirky lo explica, Myanmar y Rusia “pueden ahora correctamente decirnos ‘Ustedes fueron detrás del nombre del dominio de WikiLeaks, su proveedor de alojamiento, e, incluso, han negado a sus ciudadanos la habilidad de manifestar su protesta a través de donaciones’, todo esto sin la más mínima autoridad legal. ‘Si esa es la manera en que los gobiernos se pueden comportar, nosotros podemos vivir con eso’”.

El Departamento de Justicia de Obama está investigando qué cargos presentar en contra de Assange y, de acuerdo con los reportes de la prensa, la administración esta hablando con Gran Bretaña y Suecia acerca de una extradición.

Deberían pensar seriamente si ese es el resultado que quieren. La gente tiende a romantizar a los forajidos, y en este caso, es probable que él salga ganando.

Puede que Assange sea un personaje desagradable utilizando métodos cuestionables, pero esta no sería la primera vez que un individuo extraño logró hacer respetar un principio constitucional fundamental.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.

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