Human Rights Watch instó al secretario general de la ONU, António Guterres, a llevar el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad del organismo hemisférico e implementar sanciones contra los responsables de "graves abusos a los derechos humanos".

La crisis política en Nicaragua, agravada recientemente tras el arresto de varios opositores al presidente Daniel Ortega, requiere de una participación cada vez mayor de las Naciones Unidas (ONU) para evitar socavar la estabilidad en América, dijo este martes la organización Human Rights Watch.

En un informe de 38 páginas, la organización no gubernamental (ONG) que vela por la defensa y promoción de los derechos humanos, instó al secretario general de la ONU, António Guterres, a llevar el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad del organismo hemisférico e implementar sanciones contra los responsables de "graves abusos a los derechos humanos".

"Arrestos de alto perfil y otras violaciones graves de derechos humanos contra los críticos parecen ser parte de una estrategia más amplia para eliminar la competencia política (...) y allanar el camino para un cuarto mandato consecutivo del presidente Daniel Ortega", dijo Human Rights Watch (HRW).

"El secretario general (Guterres) debería plantear esta cuestión en el Consejo de Seguridad y presentarla como una crisis creciente que implica graves abusos contra los derechos humanos que podría socavar la estabilidad en la región", agregó.

En las últimas semanas, la Policía nicaragüense -aliada de Ortega- ha detenido a más de una docena de opositores, incluyendo a cinco precandidatos para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre y a exaliados del mandatario durante su tiempo como guerrillero marxista.

En su informe, HRW insta a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y gobiernos de América Latina a presionar a la administración de Ortega para que permita el reingreso de organismos veedores de derechos humanos, así como a imponer sanciones, incluyendo congelación de activos, a funcionarios que tengan responsabilidad en violaciones de derechos humanos.

En 2018, una ola de protestas antigubernamentales desató una represión estatal que dejó más de 300 muertos. La violenta reacción llevó a Estados Unidos a incluir en su lista negra a los principales funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.

Ortega, de 75 años, coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió Nicaragua por primera vez en 1985. Derrotado en las elecciones de 1990, retomó la presidencia en 2007 y hoy es el líder americano vivo con más tiempo ininterrumpido en el poder.