Con un extenso listado de compromisos y enunciados de buenas intenciones concluyó la XX Cumbre Iberoamericana que se reunió en Mar del Plata del 3 al 4 de este mes, con dos objetivos prioritarios: fortalecer los acuerdos de los Estados miembros con la educación, bajo el lema de "Educación para la inclusión social", y reforzar los mecanismos de defensa de la democracia.
Este nuevo encuentro de jefes de Estado y de gobierno contó, como en los años anteriores, con la presencia del rey Juan Carlos, pero fue notoria la ausencia del jefe del gobierno español y de los presidentes de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. A Honduras, pese a tener un gobierno elegido democráticamente, se le ha negado acceso, a pesar de ser miembro formal de estas cumbres, a raíz del confuso proceso que precedió al derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya, como consecuencia de sus acciones violatorias de la Constitución de ese país. El presidente Lula, uno de los más activos en estas cumbres, asistió por última vez, ya que dejará el gobierno de Brasil el próximo mes de enero.
Las dos resoluciones de mayor relevancia incluidas en la Declaración Final de esta Cumbre se concentraron en la formulación del proyecto educativo "Metas 2021" y en la aprobación de la Declaración Especial sobre la defensa de la democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica. Estas dos manifestaciones merecen ser comentadas en el contexto de las ambigüedades y contradicciones que han venido caracterizando estas cumbres, desde que se iniciaron en Guadalajara, en 1991, y a través de sus ejecutorias hasta el presente; entre otras razones por la fragilidad de las instituciones democráticas y las contradicciones ideológicas presentes en varios de los países miembros, frente a las propuestas para un desarrollo humano sustentable de la región.
El proyecto educativo "Metas 2021" se anuncia como un programa que refuerza los compromisos que, en materia educativa, se han venido planteando desde la II Cumbre, realizada en Madrid en 1992, igualmente en Bariloche en 1995 y hasta la de Santiago de Chile en 2007. El anuncio supone un compromiso de financiamiento de US$100.000 millones hasta 2021 para impulsar una educación de calidad que promueva la inclusión social y haga uso de las nuevas tecnologías a fin de alcanzar la cobertura universal en primaria y secundaria y la plena alfabetización en los países miembros antes de 2015. Se apoyaría adicionalmente este programa con un Fondo Solidario de cerca de US$3.000 millones, con aportes, entre otros, del BID, la CAF y el Grupo BBVA mediante el proyecto "Santander Universidades".
Cabe destacar que en las consideraciones para la formulación y ejecución de este programa se enfatiza el criterio de la Unesco de considerar a la educación como un bien público, e igualmente se señala la necesidad de vincular el sistema de educación superior con los programas de desarrollo científico, tecnológico, ambiental y cultural; y se reitera la necesidad de promover una educación de calidad y de valores, con la promoción de la formación democrática, de la solidaridad y la cultura de paz; todo ello propiciando un esfuerzo compartido del Estado y los diversos actores sociales para lograr las ambiciosas metas propuestas.
La otra resolución relevante que proclama la defensa de la democracia y del orden constitucional en Iberoamérica, señala la posibilidad de adoptar medidas que incluyen la suspensión del Estado miembro, cuando en el mismo hayan ocurrido hechos que interrumpan la institucionalidad democrática; con una cláusula de compromiso para la promoción del Estado de Derecho, del Orden Democrático, de la Soberanía de los Pueblos, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Frente a estas importantes resoluciones de la XX Cumbre Iberoamericana cabe la duda sobre la sinceridad de algunos de los países signatarios de estos compromisos para impulsar el fiel cumplimiento de los mismos, ya que ello supondría, por ejemplo, realizar importantes reformas políticas en países con gobiernos autoritarios como el cubano, y en otros con francas violaciones del orden constitucional establecido, todo ello para ajustar sus regímenes a los principios y valores de una genuina democracia, en los términos que están planteados en las resoluciones referidas. Supondría igualmente en el ámbito educativo, propiciar los cambios requeridos para lograr la expansión de la educación con inclusión y calidad, en un esfuerzo compartido entre el Estado y los factores sociales. Por cierto que lucen muy oportunas las premisas señaladas en esta cumbre para lograr las metas de reforma educativa, precisamente ahora, cuando en Venezuela el gobierno está propiciando una reforma de la Ley de Universidades, sin que hasta la fecha la Asamblea Nacional haya promovido las oportunas consultas para lograr los consensos necesarios en este campo, que es del más alto interés nacional.
*Esta columna fue publicada por El Mundo.com.ve
