El ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, afirma en su libro de memorias, “Decision Points”, que dejar de beber fue la decisión más dura de su vida. Destacable esfuerzo. No es fácil dejar de ser alcohólico y menos informarlo públicamente. Esa decisión contrasta con otra, que le resultó menos difícil: autorizar a las fuerzas armadas de su país la aplicación de torturas para extraer información a los detenidos en la guerra contra los árabes.

En sus memorias, Bush califica de moral, legal y eficaz el uso del "ahogamiento simulado" para enfrentar los desafíos bélicos en Irak y Afganistán. Esta admisión pública sobre torturas, con la utilización del “submarino” sobre los detenidos le está significando cierto costo al ex presidente. En efecto, es el motivo por el cual Amnesty International y otros activistas de derechos humanos han solicitado iniciarle juicio internacional, lo cual le ha impedido viajar a Suiza a presentar precisamente su libro.

Por otra parte, Amnesty International ha cuestionado el desinterés de la actual administración norteamericana por investigar la responsabilidad de Bush en los casos de tortura -ahora autoconfesión- en Guantánamo y Abu Ghraib. Ante tal pasividad, Amnesty aplicó un requerimiento judicial ante las autoridades suizas con el argumento que los países suscriptores de las convenciones contra la tortura tienen la obligación de investigar, detener si es necesario y, si hay pruebas, procesar o extraditar a sospechosos de la comisión o autorización de esos malos tratos.

El caso de Bush tiene cierto parecido al del Pinochet, el ex dictador chileno. Éste, detenido en Londres, precisamente por delitos de lesa humanidad, tuvo la suerte de recibir la protección de su gobierno y eludir la justicia internacional. Ello le permitió retornar a su país, donde se realizaron algunos juicios en su contra. Por su parte, la administración norteamericana protege al ex presidente, evitando su juzgamiento en terceros países; sin embargo, no existen indicaciones de que Bush sería enjuiciado en su país por delitos de promover la tortura.

El respaldo a la tortura en las memorias de Bush constituye una vergüenza para los Estados Unidos y eludir su enjuiciamiento constituye un serio revés para su democracia.

Es bueno recordar que el ex presidente Bush impulsó y defendió vigorosamente la guerra contra Irak. Argumentó que “sus inspectores” habían identificado “docenas de armas de destrucción masiva” y que sin la actuación militar el dictador habría continuado su programa armamentista, con peligros insospechados. Esto se probó completamente falso, pero aún así, y de forma unilateral impulsó la guerra contra Irak, destacando en su discurso al Congreso que los Estados Unidos nunca solicitarían permiso para defender la seguridad de su propio pueblo.

En consecuencia, fueron el unilateralismo y las mentiras las que fabricaron las guerras en Irak y Afganistán. De esta manera, Bush eludió el rol de Naciones Unidas, al mismo tiempo que renunciaba a la participación norteamericana en el Tribunal Penal Internacional.

Esta vez Bush no miente. De forma abierta, y sin arrepentimiento, reconoce en Decision Points que apoyó y alentó la violación de Derechos Humanos, aprobando la tortura como herramienta legal y llevándola a la práctica con numerosos prisioneros. Si el presidente Obama desea recuperar el respeto para su país, perdido durante los ocho años de Bush, debería promover su enjuiciamiento. Hay que aplaudir la decisión del ex presidente por terminar con el alcoholismo, pero no se puede hacer lo mismo ni tampoco mantener silencio con su apoyo y justificación de la tortura.