En principio la edad y el estado de salud del gobernante en un régimen democrático, siendo importantes, no son cruciales. De un lado, porque prima una división de poderes, antes que su concentración en una sola persona o institución. Tal división permite un contrapeso y fiscalización recíprocos entre los distintos poderes del Estado, dentro de un marco legal que establece las funciones y atribuciones de cada instancia. De otro lado, un régimen democrático posee mecanismos institucionales que definen con claridad los procedimientos para elegir al sucesor del jefe de gobierno en caso de que este se viera imposibilitado de continuar en el ejercicio de sus funciones. Existe por último en democracia el requisito de procesar de manera transparente la información relativa a la gestión pública.
Esas razones explican por qué cuando en agosto de 2010 el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, supo que padecía de cáncer, su gobierno convocó dos días después a una conferencia de prensa para dar a conocer esa información. Lo mismo ocurrió en abril de 2009 cuando Dilma Rousseff, entonces jefe de gabinete en Brasil, descubrió que tenía un cáncer linfático: tanto el diagnóstico como el tratamiento a seguir fueron dados a conocer públicamente por la propia implicada.
Esa no es sin embargo la manera en la que procede un régimen autoritario ante circunstancias similares (incluso aquellos que, al menos formalmente, cuentan con mecanismos institucionales de sucesión). Hasta mediados de los 80, por ejemplo, la “sovietología” constituía una rama particularmente abstrusa dentro de la frondosa industria de la consultoría política. Algunos analistas comparaban la tarea de descifrar los crípticos mensajes que emitía el Kremlin con la enunciación del oráculo por parte de las pitonisas en el templo de Delfos. Por ejemplo, cada vez que un jefe de Estado soviético desaparecía de la escena pública por lo que la versión oficial definía como una leve indisposición, ello suscitaba una vorágine de especulaciones sobre la verdadera gravedad de su dolencia, así como sobre las intrigas palaciegas en la lucha por la sucesión a que ello podría dar lugar.
Eso fue lo que ocurrió por ejemplo, con la desaparición de la escena pública de Leonid Bréznev y Konstantin Chernenko: el diario oficial “Pravda” calificó en su momento la dolencia que padecía cada uno de ellos como “una indisposición”. Tiempo después los “indispuestos” reaparecían revestidos de una mortaja dentro de un féretro.
Pero el tratamiento público de los temas vinculados a la salud del gobernante puede llegar al paroxismo en el caso de los autoritarismos personalizados. Es allí donde las personas prevalecen sobre las instituciones, en donde el destino del país parece pender de un hilo cada vez que el electrocardiograma del salvador de turno revela alguna arritmia. En este sentido, lo que acaba de suceder en Venezuela es francamente revelador: el presidente permaneció de manera imprevista fuera del país durante tres semanas por problemas de salud, pese a lo cual no contempló siquiera la posibilidad de delegar por unos días el ejercicio de sus funciones en el vicepresidente (cosa que ocurre con relativa frecuencia en regímenes democráticos, sin provocar revuelo alguno).
El argumento era que la indisposición del presidente no le impedía seguir ejerciendo desde el extranjero sus funciones, cosa a la que por lo demás lo había autorizado el congreso venezolano. Pero es difícil creer que una persona que acababa de someterse a cirugía mayor por un cáncer maligno estuviera en condiciones de gobernar un país. Prueba de ello es el hecho de que tuviera que cancelarse la III Cumbre de América Latina y el Caribe que debía celebrarse el 5 y 6 de Julio en la isla de Margarita. Ese no era un evento menor, si se tiene en consideración que su propósito era el de construir un foro hemisférico de coordinación político que, a diferencia de la OEA, excluyera deliberadamente a Canadá y los Estados Unidos: es decir, un proyecto largamente anhelado por los países miembros del ALBA.
Aunque admito que es difícil juzgar el grado de indisposición de Chávez, dado que no hay información oficial sobre el órgano afectado, la gravedad de la dolencia o la prognosis y tratamiento del paciente. Como tampoco existe información oficial sobre el número de muertes que se produjeron durante su ausencia en la revuelta que tuvo lugar en la prisión de El Rodeo, o sobre la tasa de homicidios que existe en el país. Es decir, el estado de salud del presidente es un ejemplo más de la opacidad con la que el gobierno venezolano administra información que en una democracia debiera ser de dominio público. Una forma de lidiar con el tema similar a la que tuviera la República Popular China respecto a los primeros reporte sobre el denominado "Síndrome Respiratorio Agudo Severo" (SRAS): su existencia fue objeto de censura oficial, hasta que el estallido de la epidemia en noviembre del 2002 puso fin a ese "secreto de Estado".
